Una de las primeras acciones de la Comisión será convocar al Ministerio Público para conocer el estado del proceso penal, ya que existen hechos punibles investigados y personas imputadas.
Al respecto, el senador Rafael Filizzola señaló que “en primer lugar vamos a convocar al Ministerio Público, porque acá hay casos penales, hay unas 70 personas imputadas, así que es importante su trabajo para que esto no quede impune y, sobre todo, para que sea una medida disuasiva para que no vuelva a ocurrir esto”.
También mencionó que están trabajando con el Ministerio de la Defensa Pública para determinar las situaciones procesales y los casos de las víctimas.
“Lógicamente, el Congreso no se puede inmiscuir en casos judiciales concretos, así que es el Ministerio de la Defensa Pública la institución que tiene que ir viendo caso por caso, en cada uno de los expedientes”, explicó el congresista del Partido Democrático Progresista (PDP).
Una vez que manejen todos los datos sobre los diferentes casos, el senador explicó que el trabajo que se realizará desde la Comisión de la Cámara Alta es la de compartir con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes también le requerirán los resultados de los informes de las auditorías realizadas a los distintos Juzgados de Paz intervenidos.
“Ellos (la Corte) tienen mucha información. Estoy seguro de que tienen más información que nosotros, así que vamos a ver si podemos también contar con la información que nos pueda proporcionar, a lo mejor información concreta sobre expediente específico no nos pueden dar, pero sí sobre datos estadísticos que nos ayude a tener una idea”, precisó el congresista.
También mencionó que citará al gremio de abogados, con “la idea de generar un ambiente para buscar levantar, en primer lugar, los embargos. Eso para nosotros es la urgencia y en la medida de lo posible que se pueda resarcir a las víctimas”.
Sobre el punto, Filizzola afirmó de que ya existen casos de que juezas o jueces de Paz han levantado los embargos o que han aplicado nulidades de oficios. “Eso está previsto en la legislación, para eso no se necesita la modificación de ningún solo artículo o un artículo nuevo”, manifestó.
Por último, en una tercera posición, “lo que la comisión pretende es establecer una serie de recomendaciones y de ser posible algunas propuestas legislativas para que esto no vuelva a ocurrir. No puede ser que un mismo pagaré esté circulando eternamente y sea usado en diferentes juzgados y sea ejecutado más de una vez”.
En la causa se investiga a una red que mediante juicios ejecutivos embargaba salarios a trabajadores con pagarés ya cancelados.
