Durante la sesión de la Cámara de Senadores se generó un intercambio de posturas en torno al proyecto de ley que buscaba declarar en situación de emergencia el tramo de la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia, específicamente en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.
El senador Javier Zacarías Irún informó que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó por el rechazo del proyecto, argumentando que la Constitución Nacional establece que las leyes de emergencia solo pueden ser sancionadas en casos de desastre o calamidad pública.
“Por una sencilla razón, presidente, la Constitución Nacional es bien clara: solo se podrán expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública”, sostuvo. En ese sentido, consideró que, al no configurarse ninguno de esos supuestos, no correspondía aprobar la iniciativa.
En respuesta, la senadora Yolanda Paredes cuestionó el criterio de Zacarías Irún y sostuvo que el estado del tramo vial sí puede ser considerado “desastroso y calamitoso”.
La legisladora calificó como una “verdadera vergüenza” las condiciones del tramo ubicado a unos 100 metros del Puente de la Amistad y cuestionó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por no intervenir de oficio.
Paredes señaló que existen numerosos baches y que varios motociclistas ya sufrieron accidentes en el lugar. Además, remarcó que se trata de uno de los principales accesos al país y que diariamente ingresan por esa zona miles de personas y turistas.
“Es la puerta grande por donde ingresan miles de personas, miles de turistas. Es la puerta grande de nuestro país”, afirmó, al tiempo de realizar un llamado público a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, para que disponga la reparación del tramo.
La senadora consideró que se trata de una intervención de bajo costo y cuestionó que no se haya realizado hasta el momento. “Es poca cosa, es un balde de asfalto ir a tirar y cerrar eso”, manifestó.
Por su parte, el senador Rubén Velázquez respaldó el proyecto y advirtió sobre el peligro que representa el tramo comprendido entre la zona primaria del Puente de la Amistad y la rotonda del kilómetro 3,5.
Señaló que existen sectores e intersecciones que ponen en riesgo a motociclistas, automovilistas y peatones, especialmente durante las horas pico, cuando la circulación se vuelve prácticamente intransitable.
Velázquez recordó la reciente tragedia registrada en Pedrozo y sostuvo que el caso debe servir como advertencia para que las autoridades actúen antes de que ocurran nuevos accidentes.
“Tenemos que prever y anticiparnos a los hechos. No podemos esperar que sucedan tragedias para después empezar a movernos y buscar culpables”, afirmó.
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También planteó que, debido a que el tramo se encuentra dentro de la franja de dominio del MOPC, la institución debe elaborar un plan técnico para mejorar las condiciones de la vía.
Zacarías cuestiona responsabilidad municipal
Zacarías Irún volvió a intervenir para aclarar su postura y sostuvo que el debate debe abordarse desde el punto de vista jurídico y no solamente político.
En ese contexto, cuestionó que se pretenda trasladar toda la responsabilidad al Gobierno Nacional y al MOPC, señalando que, según su postura, la Municipalidad de Ciudad del Este también tiene obligaciones sobre el tramo ubicado dentro del microcentro.
El senador sostuvo que la comuna recauda impuestos y tasas de los comercios, mesiteros y casilleros instalados sobre la ruta internacional, por lo que también debería asumir responsabilidades en el mantenimiento.
“¿Por qué echarle de vuelta al Gobierno Nacional y a Obras Públicas? Obras Públicas tiene que arreglar todo y la Municipalidad cobra y se embolsa los beneficios”, cuestionó.
Asimismo, afirmó que en anteriores administraciones municipales el tramo se encontraba en mejores condiciones y mencionó una resolución de la Corte Suprema de Justicia que, según indicó, establecía atribuciones municipales sobre esa zona del microcentro.
Tras el intercambio, se planteó una salida de consenso: declarar de interés la situación de emergencia y promover un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno: municipal, departamental y nacional.
La propuesta fue aceptada y se remitió al Poder Ejecutivo.
