El proyecto de ley que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 numerales 1 y 4 de la Constitución Nacional, fue tratado este jueves.
La Cámara de Senadores aprobó la propuesta legislativa con modificaciones con 40 votos a favor, dos en contra y tres ausentes. De esta manera, el documento vuelve a Diputados, donde tuvo media sanción la semana pasada.
Se introdujo una modificación en el artículo 1 por recomendación de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.
Se simplificó tal artículo de la siguiente manera: “dispóngase el control, la vigilancia y la fiscalización a cargo de la Contraloría, de la ejecución de los fondos de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo de conformidad a las normas y procedimientos establecidos en la Ley 276/1994".
La Contraloría General de la República introdujo los cambios al proyecto. Recomendó al Senado la incorporación de expresiones puntuales, de tal manera a acabar con el argumento de la duda sobre la constitucionalidad de esta ley.
En la Cámara de Senadores, el legislador Silvio Ovelar se opuso al proyecto, alegando que según Cancillería Nacional, la auditoría tiene que hacerse sobre la base de un acuerdo bilateral.
La iniciativa busca que la auditoría de los fondos de binacionales sea por ley. Al principio hubo una gran resistencia por evitar el control por parte del sector colorado en Diputados, que finalmente dio su apoyo de sorpresa y fue aprobado.
Los parlamentarios Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentaron la propuesta en la Cámara de Diputados en un contraataque al oficialismo, ya que en la reglamentación de la Ley 6729/21 el Ejecutivo no incluyó ni siquiera un anexo presupuestario de los gastos.
