El complejo operaba como una verdadera ciudadela dedicada al procesamiento a gran escala de marihuana.
Estaba compuesto por campamentos interconectados, abastecidos con energía eléctrica y un pozo artesiano. En su interior se hallaron 27 prensas industriales y diversas herramientas utilizadas para compactar y embalar la droga, presumiblemente destinada al mercado brasileño.
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La marihuana procesada era trasladada a viviendas cercanas, utilizadas como depósitos logísticos, donde aguardaba su envío final.
Según los investigadores, la estructura evidenciaba un alto nivel de organización, con una coordinación precisa entre inteligencia, logística y seguridad del lugar.
El operativo fue acompañado por el fiscal Juan Venegas, de Curuguaty, quien encabezó las diligencias judiciales. Contó con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
La Senad resaltó que la intervención representa un golpe estructural a la cadena de producción del narcotráfico en la región, al neutralizar un punto clave del circuito criminal transnacional.
Se destruyeron 16 toneladas de marihuana, ocasionando un perjuicio económico a la organización por USD 2,4 millones.
