16 abr. 2024

Seguir trabajando por un país
sin privilegios ni nepotismo

Después de observar la manera en que la mayoría colorada cartista y sus satélites operaron para lograr la pérdida de investidura de la senadora opositora Kattya González, resulta más que evidente que esta mayoría parlamentaria podría, si así lo quisiese, resolver de manera expeditiva el tema del nepotismo o formular desde esa instancia algunas respuestas a algunos de los más acuciantes problemas que aquejan al país. No cabe, sin embargo, en este tema ninguna dosis de ingenuidad cuando la fuerza termina imponiéndose a la razón.

En los 35 años que llevamos viviendo en democracia, muchas veces el Paraguay ha vivido crisis que estuvieron muy cerca de poner en jaque al sistema democrático y de hacernos retroceder en el proceso que habíamos iniciado después de los 35 años de dictadura stronista. Afortunadamente, en estas más de tres décadas se logró con mucho esfuerzo sostener la institucionalidad de la República.

Nos encontramos; sin embargo, en un momento sombrío, donde un sector del Partido Colorado ha prácticamente copado los tres poderes del Estado, y desde el Legislativo ayer envío un mensaje alto y claro a la sociedad sobre cómo administrar el poder como mayoría.

Para deshacerse de una oponente política, los senadores colorados cartistas y sus aliados procedieron a desnaturalizar la figura de la pérdida de la investidura, afectando gravemente la institucionalidad de la República con ello y lo hicieron abusando de instrumentos constitucionales con un mensaje de arbitrariedad e impunidad. Decidieron, entonces, que con una mayoría de 23 senadores se podía aprobar la pérdida de investidura, pisoteando el reglamento que ellos mismos habían alterado para defender a sus correligionarios cuestionados hace apenas dos meses.

En la siguiente sesión de los senadores se decidió girar a comisiones las propuestas de la ley de la función pública y carrera civil, así como las modificaciones de la ley antinepotismo, después del pedido de la oposición de respetar el esquema parlamentario. No faltaron; sin embargo, rebuscadas objeciones al proyecto de iniciativa popular Chau nepotismo, un proyecto que reunió en poco tiempo 59.500 firmas electrónicas de ciudadanos, superando las 48.000 requeridas para ser presentado al Congreso Nacional.

Quienes detentan actualmente el poder que les da su mayoría, se niegan a entender el mensaje del sentir de la población e insisten por eso en afirmar que todos esos casos denunciados profusamente vía medios de comunicación y redes sociales, no se tratan de nepotismo, porque, como el senador cartista Basilio Núñez afirmó: “En la ley actual nepotismo es si yo contrato o nombro”.

Insisten de esta manera en seguir aprovechando los privilegios que les otorga el cargo, al que accedieron a través del voto popular, para representar precisamente al pueblo, un pueblo que los mantiene aportando los recursos para el Presupuesto General de la Nación. Insisten también en decir que no es nepotismo cuando la hija del vicepresidente de la República percibe entre sueldo de G. 12.700.000 más bonificaciones y gratificaciones, el total de G. 18.574.300.

Este es un privilegio que describe con gran precisión la desigualdad que es característica del Paraguay. Porque mientras la hija del vicepresidente de la República gana 18 millones en un cargo al que accedió sin concurso de méritos, miles de jóvenes paraguayos sobreviven con empleos precarios sin percibir el salario mínimo ni seguro social y sin esperanza piensan que no tienen opciones más que las drogas o si pueden, abandonan el país. Los jóvenes desesperanzados sobreviven en un país gobernado por sinvergüenzas que pagan millones a sus hijas e hijos, esposas, yernos y correligionarios, pero a ellos nada les ofrece les y deja sin educación de calidad, salud pública, seguridad y empleo digno, pese a que como ciudadanos tienen derechos.

Son inaceptables la arrogancia e insolencia con que defienden sus privilegios como representantes de un pueblo que ve a diario cómo sus propios hijos no tienen oportunidades. Una clase política de personas íntegras y honestas no defendería privilegios exclusivos ni necesitaría una ley que prohibiera hacer lo que saben que es incorrecto.

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