El espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) a Paraguay habría comenzado durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-2022) y continuado con el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta situación ya provocó la suspensión de las negociaciones del Anexo C. Ante lo sucedido, el sector energético teme que impida una reducción de la tarifa de Itaipú, informó el portal de noticias Folha de São Paulo.
La percepción que se tiene es que puede existir más presión para cobrar un precio alto por la energía de la Binacional.
El informe de Universo Online (UOL) indicó que Abin hackeó computadoras del Gobierno paraguayo en busca de datos sobre los costos de Itaipú.
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Paulo Pedrosa, presidente de Abrace, entidad que representa a grandes consumidores industriales de energía, dijo que no tiene dudas de que todo esto “acabará en la mesa de negociaciones energéticas”.
Igualmente, Luiz Eduardo Barata, presidente del Frente Nacional de Consumidores de Energía, se mostró preocupado por las consecuencias de esta filtración que involucra a la Abin. “Si las negociaciones para el Anexo C ya están paralizadas, ¿qué garantía tenemos de que, con este acuerdo perjudicial para los consumidores, no venga algo peor?”, se preguntó.
Para Peña, esta situación “abre viejas heridas”, en referencia a la Guerra de la Triple Alianza, y dijo que Brasil no puede dejar atrás la “historia de odio” entre los dos países vecinos.
La compensación por las pérdidas derivadas de este conflicto, entre 1864 y 1870, es una discusión constante en la mesa de negociaciones de la planta binacional.
El acuerdo firmado en el 2024, que habría sido precedido por el espionaje, se concluyó entre abril y mayo del año pasado. También, elevó y congeló, por tres años, el Costo Unitario del Servicio Eléctrico –Cuse, como se denomina la tarifa en la central–.
En Paraguay las cuentas de Itaipú son monitoreadas por la Contraloría General, mientras que del lado brasileño ni el Tribunal de Cuentas de la Unión ni el Ministerio Público tienen acceso a su contabilidad, y el Congreso, que puede exigir cuentas a Itaipú, se muestra reacio a convocar a sus miembros.
