25 abr. 2024

Se requiere crear un sistema de defensa civil ante las catástrofes

Se sabía con antelación que iba a ocurrir, pero nada se hizo por prevenir los efectos. La última tormenta dejó sin servicios de energía eléctrica y en gran parte también sin agua potable a unas 40.000 viviendas, tan solo en Asunción y las ciudades del Departamento Central, en muchos casos hasta durante dos días. El Paraguay no tiene una política de defensa civil ni planes de prevención con equipos de socorristas que se activen ante la emisión de alertas. La Municipalidad capitalina apareció recién al día siguiente a retirar los árboles caídos. Se pierden millones con cada lluvia y con los sucesivos cortes, además, se pone en riesgo la vida de la población. Es hora de tomar en serio las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes, y de invertir en un sistema efectivo de defensa civil, como se tiene en otras naciones.

Es la misma historia, repetida, una y otra vez. Cada vez que la Dirección de Meteorología avisa con suficiente antelación que habrá una tormenta, lo máximo que se hace es alertar a los pobladores a que tengan cuidado. No se toma ninguna otra medida por parte de organismos del Gobierno Central, ni tampoco desde los municipios y los gobiernos departamentales, para tratar de reducir los efectos de una acción climática que ya se sabe que va a ser dura y que tendrá graves consecuencias.

Tras la tormenta del sábado a la noche y del domingo a la madrugada, unas 40.000 viviendas, tan solo en Asunción y las ciudades del Departamento Central, nuevamente quedaron sin servicio de energía eléctrica y en gran parte también sin agua potable, en muchos casos hasta durante dos días. La Municipalidad capitalina apareció recién al día siguiente a retirar los árboles caídos.

Resultan impresionantes tanta desidia y falta de previsión. Es conocida la acción de organismos como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, que se replica en muchos otros países, incluyendo a nuestros vecinos, como el Brasil y la Argentina. En Paraguay no existe hasta ahora una política similar que considere a la protección civil como un instrumento de la política de seguridad pública. Es decir, un servicio público que pueda proteger a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada.

Con el avance de la tecnología en términos de pronósticos meteorológicos, las autoridades disponen de información técnica varias horas o días antes de que ocurra una tormenta o un evento similar. Aun así, nada se hace al respecto. Una vez más, el pasado fin de semana la ciudadanía se vio expuesta en las calles sin saber a quién recurrir de inmediato ante los percances. No hay sistemas de protección civil, no hay servicios de alarma, no hay procedimientos de evacuación para barrios o sectores afectados, ni previas habilitaciones de refugios, como ya es normal en otros países.

Es mucho lo que se arriesga y lo que se pierde cada vez que estos eventos ocurren. Muchísima gente que no puede trabajar y producir por no poder conectarse a comunicaciones digitales o por no poder operar maquinarias, valiosos bienes de consumo y mercaderías que se echan a perder por cortarse las cadenas de frío, clases que se pierden en el sistema educativo, hospitales y centros sanitarios que disminuyen su capacidad de curar y salvar vidas, sin contar los daños sicológicos o a la salud mental que genera la incomodidad de quedar expuestos a la intemperie.

Es hora de tomar en serio las catástrofes naturales, que son cada vez más frecuentes, y de invertir en un sistema efectivo de defensa civil. No solo se requiere mejorar los deficientes servicios de entes como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), sino crear un sistema integral de defensa civil ante las catástrofes para evitar que la ciudadanía siga siendo rehén de la negligencia de las autoridades.

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