Godoy aseguró que, aunque aún no puede hablar de una cantidad exacta, piensa que en una semana sabrá cuánta gente simuló ser víctima de torturas en época de la dictadura del general Alfredo Stroessner para cobrar más de G. 200 millones.
Comentó a este medio que cuenta con varios expedientes que muestran irregularidades en el pago con firmas de autorización de administradores anteriores, pese a que existían dictámenes de la Procuraduría General que iban en contra de la autorización de dichos desembolsos.
“Según un informe que tenemos, muchos no estuvieron un solo día en prisión e igual cobraron dinero como víctimas de la dictadura. Aún no se sabe la cantidad, pero no se pudo demostrar en varios casos que estuvieron en algún momento dentro de un calabozo”, refirió.
Godoy relató que de 8.000 personas que accedieron al subsidio en cuestión, al menos 5.000 recibieron el beneficio sin merecerlo. Se habla de entre G. 140 a más de 200 millones que fueron desembolsados para personas que no debían recibir el dinero.
Según el funcionario de Estado, se trata de un “modo de operar” que se implementa desde hace mucho tiempo. Por estas 8.000 personas que recibieron el subsidio se desembolsó unos USD 110 millones.
Mañana comienza la auditoría general dentro de la Defensoría para aclarar este caso con ayuda de la Contraloría General de la República. Estiman que en al menos 8 días ya se podrá saber cuánta gente cobró como víctima sin serlo, sostuvo el defensor.
Miguel Godoy afirmó que hasta que el caos se aclare no va a firmar “ninguna sola solicitud” con relación al pago de víctimas.
Aclaró que además va a eliminar la posibilidad de que las presuntas víctimas puedan recurrir a gestores para acceder al beneficio y determinará que el interesado se acerque a tramitar el cobro de manera personal.
Mientras se amañaban los pagos, en lista de espera para el cobro se encuentran unas 10.000 personas, según estimaciones, dijo.
