Tras ser electo, Emiliano Rolón, nuevo fiscal general del Estado había enviado una nota a la entonces fiscala general Sandra Quiñónez. El funcionario había anunciado la intención de realizar una auditoría en la institución; asimismo había advertido que asumiría la responsabilidad de “ordenar la casa”. Sin embargo, antes de actualizarse sobre el funcionamiento de la institución, comenzar a priorizar los conocidos casos emblemáticos y otros asuntos, Rolón deberá traspasar por un verdadero campo minado.
En una conferencia de prensa expuso ayer que todavía no puede ocuparse de causas emblemáticas, pues antes deberá ocuparse de despejar el camino de los ascensos y nombramientos realizados a último momento por su antecesora.
De manera directa cuestionó los nombramientos realizados por la ahora ex titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, poco antes de dejar el cargo. “Es inaudito creer que en vísperas de la cesación de un cargo se hayan ocupado estos cargos solo para perjudicar. Desde diciembre tenemos números ínfimos de nombramientos, pero desde enero se dispararon. Hoy no tengo casi posibilidad de moverme. Me parece inadecuado y hasta falta de inteligencia enturbia el camino”, lamentó el nuevo fiscal.
Rolón explicó que no cuenta con espacio presupuestario para otros cargos de confianza, y además deberá organizar a los funcionarios del Ministerio Público que estaban en otras instituciones y que ahora deberán ser reubicados. A esto se suma que en la Fiscalía, en los últimos dos años, se hicieron nombramientos y contratos sin concursos públicos.
Estos señalados obstáculos, los ascensos, nombramientos y contratos minutos antes del cambio de guardia en la Fiscalía significan un perjuicio económico para una institución que se sostiene con los impuestos de la ciudadanía, una ciudadanía cuyos derechos muy pocas veces son representados o defendidos por el Ministerio Público. Aunque, según la Constitución Nacional debe representar a la sociedad; y velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medioambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros deberes.
Representar a la ciudadanía, además de investigar casos que fueron cajoneados precisamente por estar vinculados a sectores del poder político y económico son tareas que debería demandar mucho esfuerzo de trabajo, lamentablemente se suma a la lista la reorganización de la entidad y resolver las desprolijidades heredadas.
El trabajo que le espera al nuevo fiscal es arduo, y no debe dudar de hacer una auditoría de la gestión de su antecesora. Entre los temas que deberá esclarecer se encuentra la reciente denuncia de un senador, quien asegura que la Fiscalía no abrió una carpeta de investigación sobre el caso del crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en una playa de Colombia hace un año. Vale decir que, durante la gestión de Sandra Quiñónez en el Paraguay no se abrió una investigación para probar quién o quiénes habrían sido los autores intelectuales y responsables del homicidio de Pecci.
Descuidos, obstáculos y desprolijidades deberán ser auditados, pues es el único camino para que una institución de la importancia del Ministerio Público recupere la confianza y la credibilidad de parte de la ciudadanía.
El país necesita contar con una Fiscalía que cumpla con sus funciones, vele por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales; y defienda el patrimonio público de las presiones de los grupos políticos y económicos.
