19 feb. 2025

“Se alzan con el dinero público para satisfacer a sus familiares”

Legisladores. “Llevan la corrupción a flor de piel. No se arrepienten de los abusos que cometen”.
Desafuero. Aunque están abroquelados, además del proceso penal, afrontan pérdida de investidura.
Cargos de confianza. Utilizan tal denominación para, en realidad, simular el abuso de poder.
Ciudadanía. Es importante que acompañen estas denuncias para poder lograr un castigo ejemplar.

TERESA FLECHA, ABOGADA Y DENUNCIANTE DE CASOS DE NEPOTISMO Y OTROS.jpg

Ciudadana. Teresa Flecha insta a no seguir tolerando abusos.

Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py

Teresa Flecha es una abogada independiente indignada ante la ristra de abusos cometidos desde el poder, particularmente en el Congreso de la Nación, donde senadores y diputados, comenzando por los titulares de ambas cámaras, se hallan involucrados en hechos de nepotismo y en un llamativo despilfarro administrativo. Pero ella no se quedó refunfuñando ante estos hechos, sino que decidió denunciar a las autoridades legislativas y sus beneficiarios que son familiares a los que inventaron puestos para justificar sus contratos. Fue la primera en dar el paso en busca de un estate quieto a tantos abusos. Utilizando su conocimiento del derecho, y como parte de una ciudadanía que se halla al límite del hartazgo, denunció a senadores y diputados que llenaron con sus parentelas las oficinas parlamentarias con jugosos salarios y sin funciones justificadas. Teresa Flecha comenzó la cruzada. Pero ahora se sumaron otros abogados y defensores de los derechos ciudadanos en esta búsqueda de justicia y por un ejercicio ético de la política.

—Es inusual que una persona unilateralmente accione judicialmente, como lo hace usted, contra prácticas tan enraizadas y extendidas en el Estado paraguayo, como son el nepotismo, abuso de poder, administración en provecho propio, etc. ¿Por qué decidió realizar la denuncia nada menos que contra los titulares de las cámaras del Congreso y otros?

—Mi sentimiento es el mismo que el de todos mis compatriotas: el hartazgo. Y alguien debía dar el primer paso. También influyó en mí el hecho de ser descendiente de guerreros. Mi familia participó de ambas guerras. Fui criada por un soldado de la Guerra del Chaco, quien me transmitió el alto valor y amor a la Patria. Me duele profundamente ver que el Paraguay, que aquellos gloriosos varones libraron de la invasión enemiga, siga arrastrando las cadenas de la corrupción, la ignorancia y la miseria. Además, no es la primera vez que yo reacciono ante un peligro inminente para la sociedad paraguaya. En el 2006, solicité la expulsión del embajador de Venezuela por las prácticas oscuras que venía desarrollando en nuestro país. Luego de casi un año, logré que el Gobierno paraguayo solicitara su retiro y, posteriormente, al enterarme de que iría a Costa Rica, formulé igualmente la denuncia ante ese Gobierno y logré que dicho país le deniegue el plácet. También actué en otros casos emblemáticos que llevaron a varios ex jerarcas a la cárcel, incluso a Luis González Macchi. Sencillamente, esto es como dice aquella famosa canción que cantan los guerreros: “Cachorro de tigre suele ser overo”.

—¿Es consciente de que estas prácticas ilegales y antiéticas están naturalizadas por amplios sectores de la sociedad? Entonces, ¿qué espera de la Fiscalía y de la Justicia, considerando el peso político de los denunciados?

—Totalmente, es una cuestión cultural. La corrupción nos corroe hasta el tuétano y la única forma de combatirla es invirtiendo en la educación de nuestros niños y jóvenes. Pero cómo hacerlo, si estos facinerosos se alzan con el dinero público para satisfacer a sus familiares en detrimento de los sectores más débiles. Es un círculo vicioso, pues con el dinero que le roban al pueblo luego compran las cédulas del pueblo en las elecciones para volver a instalarse un periodo más y así sucesivamente. De la Fiscalía, espero que hagan su trabajo, imputen, soliciten los desafueros correspondientes y lleven a los acusados a juicio oral y público, y que la Justicia los condene. Debemos darles un castigo ejemplar y no es imposible porque ya hemos tenido muestras de ejemplares condenas a ex jerarcas.

—¿Podría explicar qué figuras legales argumentan su denuncia y por qué cree que son las pertinentes para solicitar que sean investigadas las autoridades implicadas y las personas beneficiadas directamente?

—Los tipos penales que sustentan mi denuncia son las previstas en la Ley Nº 2523/2004 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el táfico de influencias”; artículo 8: “Administración en provecho propio"; artículo 7: “Tráfico de influencias”, incisos 1 y 2; artículo 192 del Código Penal vigente, “Lesión de confianza”, y el artículo 313 también del Código Penal, “Cobro indebido de honorarios” para los hijos/as esposas de los parlamentarios, incluida Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República. Estos tipos legales surgen prima facie con base en los hechos fácticos públicamente denunciados. Finalmente, quienes tienen la facultad de determinar bajo qué tipo legal imputar son los agentes fiscales.

—Hay personas que no dimensionan la gravedad de estas prácticas que bastardean el ejercicio del poder en el Paraguay. ¿Cómo explicaría a un ciudadano común de qué manera le afectan que sus representantes en el Congreso utilicen el cargo para provecho propio, de su familia y amigos?

—Les diría que como consecuencia de estos sucesivos y acostumbrados abusos, arrastramos algunos flagelos que nos siguen azotando; por ejemplo, los hospitales carecen de medicamentos y de equipamientos, se reducen el almuerzo y la merienda escolar, se dificulta el acceso a una educación de mejor calidad, lo que conlleva a que el pueblo siga viviendo en la ignorancia y la pobreza.

—¿Podría citar quiénes son los denunciados y a quiénes incorporaron en los cargos?

—Entre las autoridades, incluí en mi denuncia a los senadores Silvio Ovelar, Édgar López y Derlis Maidana, y a los diputados Raúl Latorre, Roya Torres, Domingo Adorno, Benjamín Cantero, Cleto Giménez. Entre los beneficiados a Montserrat Alliana, Elías Godoy, Silvana Busto Adorno, Silvia Noemí Vega, Liz Rotela, Johana Giménez Rotela, Danna Giménez Rotela, Vidala Franco Medina y Yanina Maidana, el hijo de Silvio Ovelar, Alejandro Ovelar, fue incluido en mi primera presentación. Estoy esperando la confirmación de una información que me hicieron llegar para incluir al senador Luis Pettengill.

—¿Cuál es la limitación de la ley contra el nepotismo y qué habría que cambiar?

—La Ley Nº 5295/2014 “Que prohíbe el nepotismo en la Función Pública” es un insulto a nuestra inteligencia. Me comentaron que la idea en principio cuando presentaron el proyecto fue hacer una ley de carácter penal, pero salió cualquier cosa. No sé si fue debido a la supina ignorancia que caracteriza a la mayoría de los parlamentarios o si fue a propósito, justamente para que siga el carnaval. Por el tipo de sanciones que contempla, para mí, más bien se trata de una norma de carácter administrativo. Su limitación principal es que no establece cuál es el órgano de aplicación. Tal vez por el hecho de que intentaron hacer una normativa penal, pero no lo lograron. La ley debe ser cambiada. No obstante, el contralor general de la República tiene la facultad para interpretarla y hacerla cumplir para la aplicación de las sanciones que son la nulidad del contrato, la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta cinco años y la devolución de lo cobrado indebidamente.

—Algo que notamos es que no existe ninguna relación entre la idoneidad y formación de los hijos de... y los niveles salariales. ¿Qué acciones podrían tomarse para que en el futuro el acceso a los cargos se den sobre principios de igualdad de oportunidades y con base en el perfil del cargo y del nivel de formación debidamente acreditado por los postulantes?

—Respetar y cumplir las leyes; por ejemplo, la Ley 1626/2000 es una ley muy completa, contiene todos estos elementos como para impedir este tipo de abusos. Aparece en ella por primera vez la figura del concurso público de oposición para el ingreso a la función pública. Sin embargo, fue recurrida incluso por la propia Corte Suprema. Ahora el presidente tiene la intención de promulgar la ley del servicio civil, que es buena idea, pero de qué serviría si los señores parlamentarios se creen por encima de las leyes y sencillamente se autoexcluyen de la aplicación de aquellas normas que no les conviene como hicieron con esta misma Ley de la Función Pública y la Ley de Racionalización de Gastos Públicos, violando con ello la obligación de cumplir con la Constitución y las leyes. Realmente, creo que además del proceso penal deben afrontar la pérdida de investidura. El punto es que están abroquelados, pero no hay mal que dure cien años.

—Llama la atención cómo los senadores y diputados involucrados minimizan y justifican la designación de sus hijos y otros parientes y hasta se sienten víctimas por los cuestionamientos. ¿Qué posibilidad de cambios en el manejo de los recursos públicos podría esperarse así?

—Es así. Ellos se victimizan y no creo que haya posibilidades de cambio en el manejo de los recursos públicos con estos mismos actores. Llevan la corrupción a flor de piel. Ellos no se arrepienten de los abusos que cometen. Por el contrario, están esperando que la ciudadanía olvide estos incidentes para así continuar en sus mismas andanzas. Es por eso que es importante que la ciudadanía siga acompañando estas denuncias para lograr un castigo ejemplar para todos. Estoy segura de que juntos lo vamos a lograr.

—Utilizaron bastante las figuras de cargo de confianza y la de asesores para ubicar a sus familiares en el Parlamento. ¿Qué es lo que desvirtúan así?

—Los cargos de confianza están bien definidos en la ley, así como las funciones de un asesor. Ellos simplemente toman esas denominaciones para simular lo que, en realidad, es el abuso de poder que ejercen en beneficio propio y de sus familiares. Anotar audiencias no es tarea de un verdadero asesor, sino de un secretario. Es una vil simulación para la justificación presupuestaria. De ahí la lesión de confianza por parte de los ordenadores de gastos.

—¿Cómo piensa dar seguimiento a la denuncia y ampliaciones que formuló si hasta ahora parece estar sola en esta acción?

—Ya no tan sola, ya fueron designados tres agentes fiscales, además de la doctora Natalia Fuster, quien fue la primera, ya están a cargo la doctora Belinda Bobadilla y el doctor Diego Arzamendia. Un colega, Hugo Rojas, también presentó denuncia, una colega Esther Roa anunció que formularía denuncia contra Latorre y Alliana y el doctor Jorge Rolón Luna también. El Colegio de Abogados Democráticos emitió un comunicado solicitando la intervención del fiscal general del Estado y todos los días recibo constantes mensajes en mis redes de ciudadanos que sienten lo mismo y acompañan la denuncia. Es muy importante seguir con el acompañamiento de la ciudadanía. Yo veo la luz al final del túnel.

—¿Hasta dónde cree que avance la Fiscalía?

—Confío en los agentes fiscales designados, una vez reunidas todas las evidencias, deberán determinar con qué tipos legales realizan sus imputaciones y a partir de ahí, solicitar el desafuero de los parlamentarios.

“Con el dinero que le roban al pueblo compran las cédulas del pueblo en las elecciones para volver a instalarse un periodo más”.

“Estos facinerosos se alzan con el dinero público para satisfacer a sus familiares, en detrimento de los sectores más débiles”.

“Como consecuencia de estos sucesivos y acostumbrados abusos, arrastramos flagelos, como hospitales que carecen de medicamentos y de equipamientos, o menos merienda y almuerzo escolar”.

“Confío en los agentes fiscales designados. Una vez reunidas todas las evidencias, determinarán con qué tipos legales harán sus imputaciones y, a partir de ahí, solicitar el desafuero”.

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