“La posición del presidente es nada menos que el reconocimiento por parte del Estado de la imposibilidad de hacer cumplir con la ley; el hecho de manifestar que las empresas despiden a sus trabajadores a fin de evitar que los mismos obtengan su estabilidad y que por eso van a suprimir este derecho al trabajador, es sencillamente reconocer una incapacidad del poder tuitivo que tiene el Estado”, agregó.
Lo anterior podría generar un conflicto constitucional, porque la Constitución paraguaya establece la estabilidad con rango constitucional, y la intención oficial va contra los derechos sociales, según el abogado.
