Tiempos son estos donde el Paraguay es escenario o campo experimental, de un nuevo tipo de conflicto, jamás visto en estas tierras. Estos conflictos son, muchas veces, imperceptibles ante nuestros ojos. Recién nos percatamos de su existencia luego de los operativos de las fuerzas de seguridad con intervención del Ministerio Público. Si nos ponemos a analizar cuáles son los factores que hicieron de nuestro país escenario propicio para incubar, desarrollar y alojar a este tipo de enfrentamientos digamos que, claramente son dos: el geopolítico por su ubicación geográfica que desemboca en lo que se denomina la lawfare o guerra jurídica –bajo presión de nuestros aliados estratégicos Estados Unidos y Brasil– y, en segundo lugar, un sistema económico sostenido por la informalidad. Algunos teóricos califican a lo segundo como el de corrupción rampante. Para entender su desarrollo, basta con observar, colectar y enumerar los hechos que vinieron sucediéndose en los últimos años a partir de los operativos “Turf” y “A Ultranza”. Así como los tiempos cambian, el escenario también. Pero vayamos por parte ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un campo experimental? Típicamente al debilitamiento institucional, deliberado o no, de la carencia recursos (talento humano, recursos materiales, tecnología y presupuesto financiero) de entidades claves para el cumplimiento de la ley. El Ministerio Público y las Fuerzas Públicas forman parte de un conglomerado indispensable para ello. Personalmente me convoca al llamado de atención la falta de recursos de combate para el desempeño eficaz de la Fuerza Aérea, tan necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional. Súmele a ello una ley discutible que regula la protección del espacio aéreo nacional; consecuentemente nuestros cielos y nuestros ríos ¿forman parte de un campo de observación experimental de parte potencias hegemónicas? Mis conclusiones apuntan que sí. A partir de aquí, empiezo a analizar la aplicación de la extraterritorialidad de la norma (lawfare) o de la ley, que no es otra cosa que la aplicación concreta de uno de los anillos de la Defensa Nacional, pero en el exterior, y que ha cobrado singular importancia desde la década del noventa, finales del siglo XX pasado. Históricamente, Estados Unidos ha sido la nación más proactiva en este ámbito. Ya a principios del siglo XIX, el Presidente Thomas Jefferson decretó embargos contra la antigua potencia colonial británica y la Francia de Napoleón. A partir de entonces, sus sucesores la adoptaron con más regularidad. A finales del siglo XX, los embargos contra el comercio con Cuba e Irán afectaron a propias empresas estadounidenses y extranjeras. Al respecto, señala el colega Olivier de Maison Rouge, doctor en Derecho y especialista en inteligencia económica lo siguiente: “Como en cualquier objetivo de guerra, al final se paga un precio y se debilita al adversario u objetivo”, resumidamente, por carecer de reciprocidad internacional, ante cualquier oponente siempre ganará el potencial estadounidense por su superioridad militar y comercial. En cuanto a la informalidad económica, el crimen organizado en general y las mafias en particular, amenazan la estabilidad de los Estados y las sociedades. Las mafias, tal como se define en el artículo 416 del Código Penal italiano, son realmente la élite de la delincuencia organizada. Éstas organizaciones son muy eficaces ya que, pese a la captura de sus líderes, se adaptan a la modificación de las normas que la reprimen mediante el mantenimiento de sus redes logísticas y financieras inalterables. Se trata de organizaciones que explotan la fuerza del vínculo asociativo para producir sometimiento; realizando simultáneamente varias actividades ilegales, pero, sobre todo, porque están presentes en todo el sistema judicial. Su objetivo es condicionar a la sociedad desde la esfera legal, desde lo económico, lo político, social e incluso cultural. En síntesis, las mafias están desarrollando una auténtica soberanía alternativa sobre nuestro territorio. Por tanto, cabe la pregunta ¿está nuestra estructura estatal adaptadas para enfrentar la lucha contra las acciones desestabilizadoras de las organizaciones criminales? Los Estados deben ser capaces de golpear a las organizaciones delictivas como una entidad coherente y no sólo como un conjunto de individuos. La lucha contra la delincuencia sigue siendo, por tanto, una inversión de gran envergadura cuyos intereses globales no siempre se comprenden del todo, porque con demasiada frecuencia seguimos pensando que los mundos legal e ilegal son dos realidades separadas por una frontera bien definida. Y no es así en absoluto. Los dos mundos interactúan y el mundo ilegal tiene un impacto en la esfera legal. No tengo dudas que, los últimos acontecimientos indican que habrá operaciones de mayor envergadura para el próximo año. Es que, nadie está por encima de los preceptos republicanos. Les deseo a todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo pleno de salud.
