30 may. 2024

Santiago Peña: Paraguay insistirá en recuperar la tarifa de Itaipú con posición clara y firme

Presidente dijo que no se habla de ceder en negociaciones con Brasil y acusó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber causado un perjuicio de USD 371 millones en solo dos años con reducción de la tarifa.

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El presidente de la República, Santiago Peña, habló sobre la tarifa de Itaipú.

En entrevista exclusiva con el diario Última Hora, el presidente Santiago Peña expresó su firme interés en resolver lo antes posible el impasse con el Brasil por la tarifa de Itaipú para el 2024, de modo a proseguir con la discusión de fondo sobre la filosofía de la represa hidroeléctrica. Dijo que la posición de su Gobierno es clara y firme, en defensa de lo que al país le conviene. Esta semana está prevista una reunión clave para buscar una definición al respecto.

– ¿En cuánto quedará la tarifa de Itaipú para el 2024 ante la negativa de Brasil de aumentar el precio?

–Antes de responder esta pregunta me veo obligado a hacer dos aclaraciones previas, absolutamente necesarias. Primero: La negociación sobre Itaipú con el Brasil es una prioridad absoluta de mi gobierno, como lo testimonian el hecho de haberme reunido con el presidente brasileño más de 5 veces, incluso antes de asumir el cargo, y el de haber conformado un equipo negociador de gran peso técnico y político, al incluir a ministros del Poder Ejecutivo, lo que explica justamente que por primera vez en mucho tiempo nuestro vecino hubiera encontrado un verdadero contrapeso en las negociaciones, que ha venido trabajando con vigor en la defensa de los intereses paraguayos.

Segundo: La negociación sobre la tarifa, aunque importante, es solo una parte de lo que nos encontramos negociando con el Brasil en Itaipú; también está la negociación del Anexo C, e incluso del Tratado y los demás anexos, al encontrarnos en una fecha altamente significativa, de los 50 años de la represa. Gracias a los reiterados esfuerzos de mi Gobierno y su equipo, al fin la margen izquierda también está hablando de la necesidad de renegociar el Anexo C y los demás elementos jurídicos de la Itaipú, para lograr mayor justicia y equilibrio entre ambos países. Es mi firme interés resolver lo antes posible la cuestión de la tarifa para proseguir en la discusión de fondo, que exigirá discutir la filosofía misma del emprendimiento, su esencia. Es el momento, como lo he reiterado en varias ocasiones, de pensar en grande y en una Itaipú para los próximos 50 años.

Lo que se desea es que ínterin se negocia el fondo de la cuestión, se vuelva a la normalidad y se cumpla lo que el presidente Lula aceptó en la relación Paraguay-Brasil en Itaipú.

En cuanto al punto específico de la tarifa, el proceso de negociación sigue su curso. Como es normal en cualquier negociación diplomática, hay marchas y contramarchas, pero la posición paraguaya es clara y firme, en defensa de lo que al país conviene.

En este sentido, el punto de partida debe ser volver a la “normalidad” en la usina mientras duren las negociaciones; de hecho, mi propio colega, el apreciado Luiz Inácio Lula da Silva, en una declaración histórica de 2009 con el entonces presidente Lugo, había establecido los parámetros que debían regir la gestión de la empresa binacional hasta el año 2023 – parámetros que serían considerados “la normalidad” hasta la renegociación del Anexo C y que prevén muchos puntos valiosos para rectificar algunas injusticias históricas en la represa.

Este acuerdo detalló tanto la tarifa como las especificaciones del acuerdo operativo, con la premisa fundamental de que Paraguay no sufriría perjuicio global en relación con la modalidad de contratación, o que el Brasil aceptaría el derecho que tiene el Paraguay de comercializar libremente su energía.

Lamentablemente, y en claro detrimento de los intereses del Paraguay, en los años 2022 y 2023, los anteriores gobiernos de ambas partes procedieron a revisar anticipadamente “la normalidad”, contraviniendo el acuerdo del 2009 y generando un perjuicio global para Paraguay.

La reducción de la tarifa de 22,60 USD/kW/mes (vigente de 2009 a 2021) a 20,75 USD/kW/mes en 2022 y 16,71 USD/kW/mes en 2023 representó una disminución neta de ingresos de aproximadamente USD 371 millones en tan solo dos años, sin ningún tipo de contrapartida o compensación adicional para nuestro país. Esto no solo impactó significativamente los ingresos de nuestro país en los años 2022 y 2023, sino que puso a Paraguay en una posición claramente desventajosa en el punto de partida de cara a las negociaciones del Anexo C. Lo que se desea, entonces, es que ínterin se negocia el fondo de la cuestión, se vuelva a la normalidad pre-2022, y se cumpla lo que el propio presidente Lula allá en el 2009 aceptó –con toda razón– como bases fraternas y equitativas en la relación Paraguay-Brasil en Itaipú.

– ¿Hasta qué monto cederá el Gobierno paraguayo?

–Ninguna parte habla de ceder. Es una negociación que por definición implica alcanzar un acuerdo sobre intereses muchas veces divergentes. Lo importante es dejar sentado que el Paraguay, con su equipo negociador, y el presidente a la cabeza, peleará firmemente por lo que más conviene al país.

– ¿Por qué no se incluyen los recursos de los fondos sociales de Itaipú en el PGN?

–En primer término, para mí es absolutamente innegociable que los fondos sociales de Itaipú deben concebirse, programarse y ejecutarse como recursos de todos los paraguayos, destinados a proyectos beneficiosos al bien común, más allá de que se encuentren o no en el PGN.

Por otro lado, creo que es posible, en el marco de la relación bilateral con el Brasil –tratándose de una relación entre dos países soberanos debe respetarse dicha bilateralidad– realizar los acuerdos y cambios para permitir que dichos recursos ingresen al PGN, sin perjudicar anteriores compromisos asumidos por la entidad; son precisamente este tipo de cuestiones las que deben ser fruto de la negociación a fondo que se está desarrollando con el Brasil y que va a los cimientos filosóficos mismos sobre Itaipú. Lo que debe quedar en claro es mi inflexible posición, ante la ciudadanía paraguaya, en este punto: Asegurar que cada centavo que el Paraguay ingrese sea destinado en forma clara y transparente a favor de la ciudadanía.

– ¿Qué avance se logró sobre la situación de Yacyretá luego de su visita al presidente Javier Milei?

–La relación entre Paraguay y Argentina se encuentra en un momento clave, con una agenda amplia y dinámica que demanda conversaciones permanentes –como lo estamos haciendo–. El presidente Milei ha demostrado comprender a la perfección la importancia de abordar conjuntamente los diversos temas de interés bilateral. Entre ellos, el caso de Yacyretá ha generado acuerdos para encontrar una viabilidad financiera, liderados por equipos de trabajo encabezados por los ministros de Economía.

En cuanto a la Hidrovía, nos estamos encaminando hacia una solución que tenga en cuenta las inquietudes de todos los países que conforman el Comité de la Hidrovía. Paralelamente, en marzo se llevarán a cabo reuniones bilaterales con el objetivo de encontrar soluciones a las medidas impuestas por el anterior gobierno argentino. A pesar de la complejidad de los desafíos, mi compromiso para lograr condiciones más favorables es total. Además, creo que es importante destacar que en la historia reciente no se ha encontrado un Gobierno que defienda con el vigor y firmeza los intereses paraguayos y así lo seguiremos haciendo.

– ¿Cuál es la estrategia y la posición que adoptará su Gobierno para negociar con la Unión Europea? ¿Hay que aceptar el reglamento 1115?

–Las negociaciones con la Unión Europea la llevamos como bloque Mercosur. En ese contexto el Paraguay ha sido claro en su posición de defensa de los productores y del derecho que tiene de forjar su desarrollo sin limitaciones. En cuanto a la R1115, al ser una resolución autónoma y unilateral de la UE, son exigencias –a nuestro modo de ver, injustificadas– que tienen esos países para el ingreso a sus mercados. Hace poco tiempo hemos cumplido con los requerimientos de los EEUU para la carne y hemos iniciado el ingreso a dicho mercado, como ejemplo. Es lo mismo con la Unión Europea. Además, como lo adelanté, no estamos de acuerdo con este Reglamento, que consideramos injusto: de hecho, la R1115 ha sido denunciada por el Paraguay ante la OMC porque consideramos que es una protección de mercado indebida que pone trabas al libre comercio.

– El aumento del endeudamiento público preocupa, pasaron 6 meses de su Gobierno y no se perciben grandes reformas para mejorar el gasto público; ¿qué hace falta para que avancen las reformas?

–Las reformas están en marcha y han sido introducidas en forma decidida por mi Gobierno incluso a pesar de su costo político; al ser profundas e ir al fondo del asunto, llevan su tiempo. Así, en primer término, debo aclarar que, al iniciar el nuevo gobierno, se ha anunciado un plan de convergencia fiscal responsable; fruto de ello, el déficit fiscal registrado a enero se encuentra en línea con este plan, ubicándose en 3,5% del PIB, por debajo del 4,1% registrado a fines de diciembre.

En segundo término, se han unificado instituciones, mejorando la eficiencia y reduciendo el gasto. Así, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un lado, racionalizó diversas instituciones antes separadas, e implicó la reducción de 423 cargos jerárquicos a 340 por medio de la creación del MEF. Parecidamente, fusionamos la SET y la Dirección Nacional de Aduanas para una mejor fiscalización, y los resultados cantan: La nueva entidad ya ha recaudado aproximadamente USD 82,15 millones más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Otra reforma crucial fue la promulgación de la Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. La creación de este órgano regulador, que se ha venido posponiendo por varios años, tiene como objetivo la regulación y supervisión prudencial de la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, de naturaleza pública y privadas del país.

En línea con estas reformas, se han presentado además los proyectos de ley como la “De Organización Administrativa del Estado” y la “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”. Ambas iniciativas persiguen el objetivo de optimizar y transparentar el uso de los recursos públicos y elevar la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado.

No estamos de acuerdo con el reglamento 1115 de la Unión Europea (UE). Consideramos que es una protección de mercado indebida que pone trabas al libre comercio.

Como puede apreciarse: Hemos preferido, en lugar de generar titulares simplistas o de tinte populista, ir por reformas profundas que tomen en serio los problemas del gasto público. Hubiese sido más fácil, y simpático, limitarme a esas declaraciones, pero creo más responsable tomar el toro por las astas y proponer reformas profundas, como el de la reforma de la función pública. Dos últimos esfuerzos merecen breve mención. Primero, en el marco de los esfuerzos globales por potenciar la eficiencia y efectividad del gasto público, la lucha contra la corrupción ocupa un lugar central, razón por la cual convoque a otros poderes del Estado a la firma de una Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC).

La aplicación de sus políticas favorecerá, sin dudas, en el futuro a mejorar el gasto público. Segundo, he enviado al Congreso una propuesta que considero muy ambiciosa para mejorar el gasto público en un lugar que duele: La alimentación escolar. Este proyecto de universalización equitativa del almuerzo escolar no solo disminuirá los números de pobreza, y evitará la frase dolorosa “un niño con hambre no aprende”, sino que mejorará de manera geométrica el gasto público en un ámbito en el cual no hemos estado como sociedad y líderes políticos a la altura. Son reformas profundas que no miran al facilismo, sino a dar respuestas de largo alcance a problemas –que me preocupan mucho– del gasto público.

–La mayoría de las empresas públicas son deficitarias, ¿ya definió qué piensa hacer con ellas? Por ejemplo, ¿qué hará con Copaco?

–Estamos tomando muy en serio la situación de todas las empresas públicas, muchas de las cuales lamentablemente encontramos en el 2023 en un estado visiblemente peor que la que tenían hacia fines del 2017, cuando en mi carácter de ministro de Hacienda era aún presidente del Consejo de Empresas Públicas. Este Consejo actualmente se encuentra delineando fuertes estrategias para recuperar nuestras empresas públicas, y en el caso de Petropar, por poner un ejemplo entre varios, la mejoría es indiscutible. El camino difícil es arduo, pero lo estamos transitando. En cuanto a Copaco, en esta línea hemos nombrado a principios de año un nuevo presidente con roles y atribuciones de interventor, con la instrucción clara que nos prepare un diagnóstico preciso y claro sobre la situación de la empresa. No se puede tomar decisión alguna sin ese diagnóstico previo. Ninguna alternativa que permita fortalecer a esta empresa y darle nueva vida está fuera de la mesa, empresa pública que considero clave para el fomento de la conectividad del Paraguay.

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