El BCP elevó al 5,3% su proyección de crecimiento del PIB para 2025, impulsado por el mejor desempeño de los servicios, la agricultura, la manufactura y la construcción, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda se destaca la formación bruta de capital fijo, o sea la inversión de bienes de capital (maquinarias y equipamientos). La inflación también estará dentro del rango meta del 4%. “Paraguay se destaca notoriamente en la región por su crecimiento y la estabilidad macroeconómica”, empezó diciendo el ex ministro Dionisio Borda.
“Crece la economía, pero con escaso efecto sobre el bienestar de los segmentos bajos de ingreso. Esa asimetría se manifiesta en la brecha de desigualdad (Índice de Gini = 0,44), el nivel pobreza (20% de la población), el ingreso umbral G. 897.000 y la baja inversión en capital humano. Los gastos de salud (2,5% del PIB) y educación (4,3% del PIB) están muy por debajo de la necesidad de la mayoría de la gente. Comparando con la región, Paraguay está muy rezagado en materia de capital humano”, continuó.
Agregó que la buena noticia económica contrasta con la percepción de los ciudadanos que demandan empleo, mejores ingresos y la contención de la caída del poder adquisitivo en los últimos años. La informalidad –que está en el orden 63% de la fuerza laboral– impacta en el ingreso monetario, la calidad del empleo y la exigencia de la seguridad social; su cobertura sigue estando alrededor de 24,6% de la población. Además, el salario promedio (G. 2,9 millones) pierde su poder adquisitivo por la inflación de alimentos básicos en 10%, aunque el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se mantiene en su rango meta de 4%.
Morigeradas por la caída del poder adquisitivo –una forma de subsidio privado– las remesas de paraguayos que viven en el exterior siguen siendo fundamentales. De enero a julio, dichas remesas crecieron 32% comparadas con el año anterior, en términos absolutos representan a USD 529 millones inyectados en la economía.
Aun sin cerrar el año, las remesas serán mayores a los recursos destinados en el Presupuesto General de la Nación 2025 (PGN) como subsidio estatal de USD 553 millones para todos los programas sociales (pensión de adultos mayores, transporte, Tekoporã, tarifas sociales de ANDE y asistencia a pescadores).
Reformas y baja institucionalidad
Más de 30 reformas sancionadas en el ámbito económico, cuyos proyectos de leyes en varios casos fueron aprobados por el Parlamento a libro cerrado, imponiendo la regla de la mayoría, sin debates ni conocimiento de la sociedad civil.
Estas reformas y sus efectos, no se ven aún en la economía, y, sobre todo, en la reducción de la corrupción, del nepotismo, del clientelismo y del prebendarismo. Esta baja institucionalidad pone en riesgo el grado de inversión y, sobre todo, en atraer inversiones extranjeras directas (IED).
El capital busca antes que nada garantía jurídica, buen funcionamiento de las instituciones, cumplimiento de las leyes, el combate a la narcopolítica, y el manejo correcto no solo de las finanzas públicas, sino del sector financiero privado.
El manejo de los fondos públicos concentrado en bancos recientemente creados corre riesgos. Los Certificados de Ahorro (CDA) del Instituto de Previsión Social (IPS) y los fondos del Tesoro depositados preferencialmente en instrucciones financieras con pocos antecedentes institucionales plantean dudas y temores en repetir experiencias pasadas de los noventa que significaron pérdidas tanto para el Estado como para las personas e instituciones operantes en el sistema financiero. Las políticas económicas están vinculadas al manejo político. El debilitamiento de la democracia y la inseguridad física manifestada en la violencia y muertes de personas notables por el sicariato debilita la imagen país. “El resurgir de un gigante sudamericano” y los frecuentes viajes al exterior, difícilmente convenzan a las empresas extranjeras.
Deuda pública crece
La deuda pública está en USD 19.732 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al mes de agosto. El coeficiente de la deuda trepó a 42,3% del PIB. El continuo incremento de la deuda representa un verdadero riesgo. El Gobierno se ufana que dicho coeficiente es uno de los más bajos de la región, pero olvida que la otra cara de la moneda es que Paraguay tiene la menor presión tributaria (11,3% del PIB) en el continente.
Veamos los criterios para el sector financiero privado. Sea empresa o persona que acude a los bancos y financieras para solicitar un crédito, siempre mira tu ingreso disponible y tus patrimonios, para otorgarte el préstamo. Si el préstamo es muy elevado, el respaldo del ingreso neto ponible y el patrimonio deben ser lo suficiente como garantías para aprobar el crédito.
En opinión de Borda, la opción pública es cortar gastos, aumentar el crecimiento económico o aumentar el ingreso tributario a través de incrementos de las tasas, o eliminando las exenciones tributarias (gastos tributarios), o incrementando las recaudaciones ampliando la base tributaria.
Más deuda de consumidores
El aumento de deudas de los consumidores también preocupa, según señaló el ex ministro de Hacienda. La facilidad de tener tarjetas de crédito ayuda al consumidor a ampliar “su ingreso”. La colección de tarjetas o “tarjetazos” y el pago del mínimo requerido se acumulan y puede llegar al límite de no pagar y pasa al Informconf. El aumento tanto de la deuda pública y privada ha sido mencionado por el sector privado como preocupación actual.
El sistema de jubilaciones y pensiones
La crisis del sistema de jubilaciones del sector público conocido como la Caja Fiscal, arrastra un creciente déficit operativo de cinco de los seis sectores existentes. El sistema es insostenible, inequitativo principalmente entre los sectores, tanto en los años de jubilación como en los aportes. La reforma del 2003, que elevó la contribución de los aportantes de 14% a 16%, ha sido objeto de varias perforaciones, anulando el efecto de la primera reforma. La situación actual es crítica, a septiembre de este año, el déficit ya llegó a USD 266 millones, pagado por los contribuyentes. El Gobierno sigue dialogando con los sectores y probablemente la reforma de la segunda generación se postergaría para el 2026. Esta sangría debe parar el MEF sin más dilaciones.
Se espera que a fin de año se presente el proyecto.
