Pese a los ingresos de sus hospitales, sus museos, de las donaciones de fieles y diócesis y del alquiler de su amplio patrimonio inmobiliario, las finanzas de la Santa Sede son crónicamente deficitarias y su fondo de pensiones presenta un importante desequilibrio estructural.
Aunque no informa de sus cuentas con regularidad, el Vaticano reportó en 2023 una pérdida consolidada de casi 70 millones de euros (casi 79 millones de dólares), frente a unos ingresos de 1.200 millones de euros.
Su historia, además, está repleta de escándalos financieros, como ejemplifica a la perfección su banco, el Instituto para las Obras de Religión (IOR).
Durante mucho tiempo, el IOR fue el principal accionista del importante banco italiano Ambrosiano, acusado de blanquear dinero del narcotráfico y de la mafia.
En 1982, tras descubrirse un agujero de 1.200 millones de dólares en las cuentas, Ambrosiano quebró y dejó al Vaticano una losa de más de 240 millones de dólares para pagar a los acreedores.
Ese mismo año, el director del banco, Roberto Calvi, apareció colgando de un puente en Londres. Los jueces italianos evocaron más tarde un posible asesinato vinculado a la mafia.
Cuando Francisco llegó al trono de San Pedro en 2013, la situación era todavía delicada. Estados Unidos acababa de colocar al Vaticano en la lista de países con una situación preocupante respecto a la lucha contra el blanqueo y el Banco de Italia había desactivado las terminales de pago en la ciudad-Estado.
Bergoglio creó en 2014 un Secretariado para la Economía y colocó en su cúpula al cardenal australiano George Pell, salpicado en su país por un caso de pederastia por el que luego quedaría absuelto.
Al frente del consejo de administración de la banca vaticana nombró a Jean-Baptiste de Franssu, un laico salido del mundo de las finanzas.
“Cuando llegué, no había un gobierno sólido, las reglas no se respetaban y no teníamos las competencias adecuadas”, contó el pasado viernes este banquero francés. AFP
