Editorial
Sanciones de EEUU develan el sometimiento de la justicia
Las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos al ex presidente de la República Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, han levantado una ola de indignación en las carpas coloradas. Hablan de soberanía ultrajada e intromisión en asuntos locales, pero no hacen autocrítica alguna, siendo un partido en el poder desde hace 70 años, y principal responsable de que Paraguay tenga una justicia parcialista, sometida y subyugada por poderes que socavan el sistema democrático.
La reacción de convencionales y ex convencionales de la Asociación Nacional Republicana así como la de coordinadoras de funcionarios públicos colorados retrotrae la memoria a los desgraciados días de la dictadura de Alfredo Stroessner. El lenguaje e incluso el tono de los discursos de rechazo y repudio de las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a dos connotados dirigentes del Partido Colorado, muestran una vez más la arrogancia de quien es incapaz de autocrítica, y es capaz de llegar a niveles insólitos del ridículo.
Un grupo de convencionales y ex convencionales de la ANR rechazó las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos había impuesto al ex presidente de la República Horacio Cartes y al vicepresidente de la República Hugo Velázquez. Recordemos que estas nuevas medidas se suman a las anunciadas el año pasado, cuando ambos dirigentes fueron declarados significativamente corruptos, e inmediatamente les fue prohibida la entrada a territorito norteamericano.
Las medidas impuestas por Estados Unidos fueron anunciadas durante una conferencia de prensa encabezada por el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield. Los colorados indignados exigen ahora “la inmediata rectificación” del embajador e incluso amenazan con acciones legales. Dicen que las declaraciones son “difamatorias, agresivas, injustificadas y basadas en datos no comprobables”. Lo que lamentablemente no entienden los colorados es que, los anuncios no fueron una opinión emitida por Ostfield, ya que el embajador solamente fue el mensajero de una decisión tomada por su Gobierno, por nada más y nada menos que el Departamento del Tesoro de EEUU.
Los convencionales y ex convencionales exhortaron al pueblo paraguayo “a estar atento a acciones que quieren instalar la división y el odio entre hermanos y que buscan amilanar la moral de un pueblo con la intención de instalar ideologías ajenas a nuestra cultura y forma de vida”. Precisamente el mismo discurso que se propagaba durante la dictadura cada vez que algún gobierno extranjero denunciaba la abierta y escandalosa violación de los derechos humanos por parte de la dictadura de Stroessner.
Precisamente el día en que gran parte del país quedó sin energía eléctrica, funcionarios colorados de la ANDE expresaron su “incondicional” apoyo a Cartes y Velázquez, así como también prometieron redoblar esfuerzos por la candidatura de Santiago Peña y Pedro Alliana. Con este gesto quedó suficientemente demostrado el copamiento de la ANR de las distintas instancias de la organización del Estado paraguayo, resultado de más de 70 años en el poder.
Sin embargo, los colorados no están pudiendo aún dimensionar la gravedad de la actual situación y sus implicancias.
Queda claro que las medidas anunciadas no constituyen intromisión, sino que representan un hecho todavía más funesto para nuestro país. Y es que con los anuncios y las declaraciones de significativamente corruptos de varios funcionarios y dirigentes políticos, y ahora con las medidas financieras impuestas, envían un mensaje a toda la comunidad internacional, y en ese mensaje dicen claramente que la justicia paraguaya no es confiable, pues está sometida a poderes que se ubican por encima del estado de derecho, y que además socavan el sistema democrático.
Las únicas injerencias mal intencionadas, como se lee en los comunicados, es la que se pone en evidencia cada vez que nuestra justicia se muestra parcialista y benévola con funcionarios y dirigentes políticos sospechados de corrupción pública para quienes no imparte justicia, sino impunidad.
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