“Estamos sufriendo desde hace tiempo porque nos toca defender nuestro barrio. No queremos que instalen la planta de tratamiento de residuos cloacales aquí. Pedimos una audiencia pública para informarnos, no fue iniciativa de las autoridades, fue nuestra gestión, vinieron los técnicos, pero rechazamos el proyecto, nos sentimos abandonados por nuestras autoridades, no les importa nuestro reclamo”, expresó Catalino Jacquet, presidente de la comisión de vecinos autoconvocados.
La tensión en la comunidad aumentó cuando personal técnico comenzó a realizar marcaciones en el terreno.
Le puede interesar: Desidia de tres funcionarios hizo perder G. 3.108 millones a la Essap
Los vecinos, al notar la presencia de topógrafos sin acompañamiento policial, exigieron su retiro. Los apuntados se retiraron, pero volvieron acompañados de agentes policiales y la comunidad decidió no enfrentarse con los uniformados.
“No vamos a pelear con la policía, son gente pobre como nosotros que cumplen órdenes para dar comida a su familia, si vamos a pelear, será con las autoridades. Seguiremos manifestándonos de noche porque somos pobres y trabajamos de día”, agregó Jacquet.
También anunció que presentarán una medida judicial para frenar la obra con apoyo económico de familiares que son oriundos de la zona y viven en el extranjero.
Por su parte, la intendenta Cristina Ayala defendió la obra con argumentos técnicos y urgencia sanitaria.
“Ya se están ultimando detalles. Esta obra fue promovida durante tres gestiones. San Ignacio está creciendo rápidamente y los pozos ciegos van a colapsar. Esta planta es necesaria y no se puede modificar el proyecto, el pliego de bases y condiciones fue aprobado por el Banco Mundial”, detalló Ayala.
La jefa comunal aseguró que se trata de una decisión basada en estudios científicos y que se desplegará un equipo social para dialogar con los vecinos.
“Estoy abierta al diálogo, ellos maduramente deben escuchar, entender y no ser necios. Hay profesionales entre ellos que saben que esto es para mejorar, más de 55.000 personas esperan esta obra”, puntualizó Ayala.
El conflicto pone en evidencia la tensión entre el desarrollo urbano y la participación ciudadana.
Mientras las autoridades avanzan con un proyecto que consideran vital, los vecinos reclaman ser escuchados y respetados en su derecho a decidir sobre el territorio que habitan.
