Hasta hace poco tiempo hubiera sido impensable poder ver al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, procesado por enriquecimiento ilícito y con destino final a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras la prisión preventiva dictada ayer por el juez Julián López. El ex titular del Ministerio Público era considerado uno de los personajes intocables por su estrecha afinidad con el establishment político y judicial.
De igual manera, aunque finalmente haya sido suspendido temporalmente el operativo, también resultó una verdadera sorpresa ver que una comitiva fiscal-policial, a cargo del agente fiscal anticorrupción René Fernández, se presentara al mediodía del jueves con una orden para allanar la principal mansión del senador colorado Óscar González Daher, en la ciudad de Luque, en el marco de una nueva causa abierta por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos. La posterior discusión acerca de si los fueros del legislador protegen también a su propiedad inmueble llevaron a que el allanamiento sea suspendido por el momento, aunque la investigación fiscal prosigue.
Como se esperaba desde hace tiempo, el sistema de Justicia ha comenzado a reaccionar finalmente, promoviendo acciones investigativas contra personajes considerados “peces gordos” en el ámbito del poder político.
Es de destacar que la mayoría de estos casos han surgido a raíz de trabajos de reportajes investigativos realizados en los medios de prensa. Como un ejemplo, basta mencionar que en agosto de 2010 este mismo diario junto con el canal Telefuturo ya habían desnudado el esquema de evasión de impuestos que utilizaba la empresa Príncipe de Savoia SA, del senador González Daher, quien entonces era presidente del Congreso. En ese momento se abrió una investigación a cargo del fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, pero el caso fue trabado en instancias judiciales y acabó en el oparei, el nombre paraguayo de la impunidad. Ahora la causa se reabre.
La instalación de un nuevo periodo de gobierno para los poderes Legislativo y Ejecutivo, al igual que las expectativas ante las próximas sustituciones de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, sumado a la oleada de movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, han creado una coyuntura favorable, que exige a las autoridades dar signos de cambios positivos por sanear las estructuras del Estado. Es lo que hace posible que se produzcan acciones como las que están ocurriendo en estos días, y que despiertan nuevas esperanzas ante el escepticismo de la población.
Probablemente no se produzcan aún cambios de fondo en el viciado sistema político y judicial que se mantiene desde hace mucho tiempo en el país, pero ver que personajes hasta hace poco considerados intocables están siendo procesados e incluso van a la cárcel permite abrigar esperanzas de que puede haber cambios hacia una Justicia menos complaciente con los poderosos.
Es de esperar que esta racha de buenas acciones judiciales no solo sea motivada por la indignación ciudadana.