21 mar. 2026

Saltos del Guairá: Intervienen una finca donde funcionaba criptominería

La Fiscalía y funcionarios de la ANDE intervinieron en Saltos del Guairá, una finca de criptomonedas que tenía conexión directa. Las pérdidas ocasionadas a la empresa estatal rondan los G. 560 millones.

Granja de Criptomoneda en Salto del Guairá.jpeg

GENTILEZA.

Esta intervención conjunta se realizó en la ciudad de Saltos del Guairá, capital departamental de Canindeyú, por parte de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en colaboración con el Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional.

Se intervino un suministro con conexión directa, antes del equipo de medición de Media Tensión, correspondiente al NIS: 3326516, registrado en el sistema de la ANDE a nombre de Raúl Sebastian Duarte Romero.

El fiscal Ramón Ferreira, de la Unidad Penal N° 2 de Saltos del Guairá, con orden de allanamiento emitida por la jueza Guillermina González y acompañada por los técnicos interventores de la institución, procedió a ingresar al local donde se encontraban dos transformadores de 1.000 kVA cada uno (totalizando 2.000 kVA de potencia) y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas.

GRANJA criptomoneda Salto del Guairá.jpeg

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Estas máquinas fueron incautadas y trasladadas al predio de la Fiscalía de Saltos del Guairá; mientras que los transformadores de potencia quedaron en el mismo sitio lacrados.

El fiscal dispondrá dónde serán resguardados, quedando como pruebas para la investigación sobre el delito de sustracción de energía eléctrica.

Granja de Criptomonedas en el Salto del Guairá.jpeg

GENTILEZA.

Se estima un daño patrimonial mensual de G. 560.000.000 (basado en la capacidad del transformador), que sumado a los gastos de intervención y la aplicación de multas según la Ley 966/64, deberán ser abonados por el responsable del inmueble, explicaron los técnicos .

El operativo de intervención fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas, incluyendo software de Inteligencia Artificial (IA) y el sistema SCADA de Distribución, que permitieron identificar variaciones importantes en la carga de las redes eléctricas, lo que finalmente condujo a la identificación y verificación de la zona sospechosa por parte de los técnicos.

Como parte del procedimiento establecido, la ANDE presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274) según el Código Penal.

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