En 37 años –desde junio de 1989 hasta abril del 2026–, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se depreció en un 22,3%, según un informe técnico elaborado por el economista Raúl Monte Domecq, a pedido de cinco centrales obreras.
Entonces, el valor del salario mínimo legal (SML) debería ser de G. 3.546.069, lo que representa un aumento de G. 647.021 en concordancia con la pérdida del 22,3%, con respecto al monto vigente de G. 2.899.048, según datos del análisis técnico.
El documento denominado “Cálculo de la pérdida del valor monetario del salario mínimo legal por la inflación, desde 1 de junio de 1989 al 30 de abril de 2026” revela que en el periodo denominado el SML fue reajustado en 31 oportunidades por debajo de la tasa de inflación.
ANÁLISIS. A partir de junio de 1989, luego de la caída de la dictadura, el salario mínimo fue fijado en G. 164.640 por mes.
El estudio, que parte de esta fecha y hasta abril del 2026, demuestra que los 31 reajustes salariales en el lapso de 37 años representan solo 1.660,8%, mientras que la tasa de inflación fue de 2.053,8%, medida por el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP).
“Al actualizar el valor del salario mínimo legal por el IPC del BCP, se deduce una pérdida del valor monetario del salario mínimo del orden del 22,3%”, según el documento del economista Monte Domecq.
En el informe, el economista considera que hay una tendencia del déficit permanente del SML por diversas razones. “La razón principal es que los gobiernos que se sucedieron en el poder en estos 37 años reajustaron el valor del salario mínimo legal por debajo de la tasa de inflación que publica el mismo Banco Central”, explica el economista.
Considera que la tasa de inflación del Banco Central del Paraguay es baja, es decir, está subvaluada.
“Ya sea porque la canasta no es representativa o puede ser por razones de manipulación política, que eso se puede hacer y es difícil de comprobar”, añade.
También sostiene que el déficit del SML se da por la ausencia de un índice de costo de vida no estatal y que el cálculo del IPC es dependiente del BCP, que utiliza como base de cálculo una canasta de bienes y servicios basada en un presupuesto general. Es decir, que no representa las pautas de consumo de una familia obrera.
En otro aspecto, en el documento se considera que el BCP, como “juez y parte” a la vez, mantiene la exclusividad en la elaboración del IPC para el reajuste. “La sociedad paraguaya no tiene otro medio para hacer comparaciones en materia de inflación”, según el informe.
Monte Domecq explica que el uso de la regla del IPC es inadecuado para el aumento anual del SML.
Como alternativa propone que es “ideal” contar con un cálculo, un índice de costo de vida de una canasta de una familia obrera de Gran Asunción. Estos datos se publicaban en los años 60 y 70, pero cesó la difusión, por lo que ya no se pueden tener en cuenta para sumar al cálculo del reajuste anual del SML.
“La tendencia histórica de la brecha entre el SML vigente y el SML actualizado por el IPC del BCP ha oscilado entre el 20% y el 30%. Esta pérdida nunca más se recupera, deja secuelas en todos los miembros de una familia que depende de un SML y la brecha que se ensancha con el tiempo es una de las fuentes reproductoras de la pobreza y de la desigualdad social en el Paraguay”, refiere el informe técnico.
El economista Monte Domecq, en el informe técnico, explica la diferencia entre el “reajuste del valor monetario” y el aumento real”.
El reajuste del valor monetario es cuando se hace al solo efecto de recuperar el poder adquisitivo. Pero que en el caso de un “aumento real es cuando el valor del salario se incrementa por encima del nivel de inflación que amplía su capacidad de compra”.
