Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores se reunieron ayer con representantes de gremios de policías y militares retirados, así como de docentes, con el objetivo de avanzar hacia un consenso o una nueva propuesta para la reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o la Caja Fiscal.
Durante el encuentro, los educadores ratificaron su rechazo hacia la implementación de una edad mínima para la jubilación del sector, mientras que exigieron que el Estado aporte incluso más del 5% que plantea el Gobierno en su proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados.
“Podemos llegar a un acuerdo sobre la edad de jubilación, pero tenemos que ser sensibles, somos seres humanos, trabajamos con niños y jóvenes. El Estado no puede seguir eludiendo, si no es un aporte de 14%, por lo menos que sea de 10%. El Estado hizo uso y abuso de los recursos. Rechazamos una edad muy alta, podemos incluso aumentar el 16% de aporte obrero, pero debemos dialogar”, expresó Estela Ayala, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Por su lado, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) - Auténtica, además de criticar la intención de imponer una edad mínima, señaló que el aporte del Estado no puede ser inferior al trabajador, y cuestionó la propuesta oficial de un aporte estatal de 1% por año, completando el 5% recién en cinco años.
“Eso en realidad es no querer hacer la reforma, pues este es un ajuste paramétrico nada más. (…) Nosotros tenemos que seguir aportando el 16%. No es posible que nos encaminen a aportar 24,5%, porque un 19% significa 24,5%, porque a eso tenemos que agregar 5,5% que aportamos al IPS para la atención a la salud. De cada millón de salario, prácticamente se nos va a descontar G. 250.000. Estamos de acuerdo que sea una edad máxima, pero no que se establezca una edad mínima”, expresó a su vez.
Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), también se pronunció en la misma línea y subrayó que incluso en países vecinos, como Brasil, Uruguay y Argentina, los gobiernos están pagando un significativo aporte. Insistió en que la propuesta del Poder Ejecutivo no representará una solución real, por lo que ratificó el pedido de un 14% de aporte estatal.
“Cada 1% representa solo USD 12 millones anuales. Entonces, lo que el Estado va a hacer es prácticamente aportar desde el 2027 USD 12 millones, cuando hay un déficit de USD 300 millones. En cinco años van a llegar a USD 60 millones. No es la solución. Por eso nos ratificamos en el 14%, porque justamente hoy los datos que nos dieron apuntan a que solo para cubrir el déficit del sector docente se necesita 13,6% de aporte del Estado”, manifestó Piris.
Transparencia. A lo largo del encuentro, también cuestionaron la falta de transparencia con la que se manejó desde un principio el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al no haber dado a conocer previamente el informe actuarial de la Caja Fiscal.
“Acá el señor (representante del MEF) habla de transparencia de los datos, pero siempre eludieron informaciones muy importantes. Si nos brindaban antes, otra iba a ser la historia”, cuestionó sobre el punto Estela Ayala.
Los representantes del sector docente, de las fuerzas públicas y los legisladores aún no llegaron a un acuerdo, pero señalaron que se espera definir una propuesta final o un consenso para el próximo martes 3 de marzo.
Según anunció Silvio Beto Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda, los policías y militares retirados serán convocados para las 10:00, mientras que a los docentes se les recibirá nuevamente desde las 11:00. Aseguró que, “sin importar el tiempo”, ese día deben llegar a un acuerdo, por lo que la posibilidad de una sanción ficta quedó desactivada.
Pese a que el parlamentario sostuvo que el tratamiento oficial de la reforma en el Senado se concretaría en los próximos días, los gremios docentes afirmaron que se mantendrán en “alerta” y no descartaron medidas en defensa de sus planteamientos.
“Vamos a estar analizando las propuestas que se puedan presentar el próximo martes (…). Nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, vamos a tomar todas las medidas para que no se apruebe así como en Diputados. Si esto no se trata el 25 (de marzo) o se posterga, vamos a llevar adelante seguramente las movilizaciones, forzando para que esto se trate y se apruebe con modificaciones que sean favorables para el sector docente”, alertó Silvio Piris.
Finalmente, advirtió a los parlamentarios que, en caso de seguir “ensañándose” con el sector de los educadores, terminarán afrontando “consecuencias” en las próximas elecciones internas y municipales de 2026, que se desarrollarán en junio y octubre, respectivamente.
