Tras las declaraciones del presidente de la República, Santiago Peña, quien calificó de ínfimo el porcentaje para el reajuste del salario mínimo legal, adelantando que podría aumentar la cifra por decreto si no está de acuerdo con la propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), el sector empresarial anunció que tomará acciones legales si no se ajusta al Código Laboral.
“El Consejo de Salario Mínimo va a analizar. Me van a hacer una propuesta y voy a reflexionar al interior mío y voy a tomar una decisión”, señaló Peña en declaraciones a la prensa hace una semana.
Si se ajusta hoy el salario mínimo legal con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta marzo, subiría solo G. 55.082 (1,9%), un monto rechazado por las centrales obreras, que hace años demandan un nuevo mecanismo para establecer el aumento salarial.
Cada año, el Conasam –integrado por el Estado, empresarios y sindicatos– se reúne y aguarda el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el IPC para luego recomendar un ajuste al salario mínimo.
En este sentido, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se debaten propuestas para modificar la fórmula para establecer el reajuste y que no solo incluya el IPC, sino también indicadores como el PIB per cápita, la productividad laboral y el índice de alimentos de la canasta de consumo, entre otros. Esta nueva calculadora debe ser establecida por ley, por lo que avanzan los debates y negociaciones.
POSICIONAMIENTO. El representante empresarial ante el Conasam, Ing. Enrique Vidal, dijo que frente a un escenario de reajuste “arbitrario” por parte del presidente de la República, aparte de que muchos sectores no estarán de acuerdo, pueden recurrir a la Justicia. “Acá los más golpeados van a ser las mipymes y ahí va a aumentar el porcentaje de informalidad”, señaló.
Vidal consideró, con relación a las propuestas de cambio de fórmula para el aumento, que debe ser a través de una ley, caso contrario serían medidas arbitrarias.
Sonia Cáceres, de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), también criticó las declaraciones del presidente de la República sobre un eventual incremento “arbitrario” y “unipersonal”.
Dijo que no se oponen a un aumento del salario mínimo, pero que se rija por lo estipulado en la ley.
La empresaria de eventos lamentó que en medio de una baja productividad de los trabajadores del sector se insista en aumentar el salario mínimo por encima del cálculo del IPC. “Por más que ellos aumentan el salario, la productividad está baja”, afirmó.
Mientras, el lunes se prevé presentar en el Congreso un proyecto que busca establecer un cálculo para el nuevo reajuste, incluyendo otros indicadores, entre ellos la productividad, PIB per cápita y otros.
Una vez más, el objetivo este año es aprobar una nueva ley, cuya fórmula debe usar el Conasam para determinar el monto del reajuste del salario mínimo. El año pasado, el aumento fue de G. 100.739 debido a que el IPC fue solo del 3,6%.
