02 mar. 2026

Sala Penal de la Corte destraba parcialmente caso de Cuevas

La Sala Penal de la Corte Suprema se declaró incompetente para tratar la recusación planteada por la defensa del diputado Miguel Cuevas contra el camarista Arnulfo Arias. Ahora, los otros dos miembros del Tribunal de Apelaciones deben resolver la competencia de su colega. Una orden de prisión sigue pendiente.

Miguel Cuevas.

Sonriente. El diputado Miguel Cuevas poco antes de la audiencia ante el magistrado.

Foto: Archivo ÚH.

El pasado martes, la defensa del parlamentario Miguel Cuevas procesado por enriquecimiento ilícito y otros delitos planteó una recusación contra el camarista Arias, alegando que el magistrado es amigo de Cecilia Pérez Rivas, actual ministra de Justicia y ex abogada de Cuevas.

Arias es parte del tribunal de Apelaciones que debe estudiar una apelación subsidiaria planteada por los defensores del diputado en contra de la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien decretó su prisión preventiva.

Tras la recusación, el expediente pasó a la Sala Penal, que este miércoles decidió que la recusación debe ser resuelta por los otros dos integrantes del Tribunal de Alzada: Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández. Solo si estos camaristas opinan diferente, la Sala Penal intervendrá, informó desde tribunales el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Lea más: Defensa de Miguel Cuevas recusa a camarista y pide anular audiencia

Paralelamente, el abogado de Cuevas planteó un incidente de nulidad absoluta de actuaciones ante el juez López, bajo el argumento de que se violó la inmunidad de arresto a los legisladores señalada en el artículo 191 de la Constitución Nacional.

La imputación al diputado oficialista de Paraguarí es por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el legislador tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones. Todo esto, desde que entró a la función pública.

En la misma causa está procesada su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, por los supuestos hechos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso; en tanto que su hijo, Enzo Cuevas, fue imputado también por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas.

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