El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) lleva adelante un llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy, de 108 kilómetros. El llamado está actualmente en proceso de evaluación y se lleva adelante en la modalidad APP (alianza público-privada). El valor de las obras se estima que será de USD 480 millones.
Entre los oferentes precalificados por la cartera vial se encuentran tres firmas españolas con nefastos antecedentes en obras públicas en el extranjero. A pesar de ello, fueron aceptadas por la administración anterior de Rodolfo Segovia, quien inició este proceso licitatorio.
SACYR. En el 2019, la Contraloría de Colombia informó la detección de irregularidades por 8.185 millones de pesos (USD 2,6 millones al cambio de ese momento) en contratos del estatal Fondo de Adaptación con la empresa española Sacyr para la construcción del viaducto de Hisgaura, ubicado en el departamento de Santander.
Según un comunicado de dicho ente público, las irregularidades corresponden a la ejecución de un contrato suscrito en 2013 entre dicho fondo adscrito al Ministerio de Hacienda con Sacyr.
El contralor delegado para Infraestructura precisó que fueron halladas tres irregularidades. La primera tiene que ver con el mayor costo por la ampliación del tiempo, ya que la obra tenía que haber sido entregada ya en el 2018.
Otro detrimento patrimonial se refiere a que no se construyeron los puentes La Judía y Sitio Crítico 43, por lo cual la Contraloría considera que se realizó una gestión antieconómica en su ejecución, dado que se invirtieron 1.885 millones de pesos (USD 607.000) y no se encontró ninguna obra que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía.
Una tercera irregularidad es que Sacyr no utilizó los diseños que le habían entregado de la obra, por lo que la Contraloría evidenció un detrimento cuantificado en 629 millones de pesos (USD 202.000).
AZVI. Esta empresa internacional fue noticia en el 2016, luego de que el Gobierno chileno anunciara la demolición casi total del puente basculante que edificó sobre el río Cau Cau, en la región chilena de Los Ríos, a 850 kilómetros al sur de la capital, Santiago.
La razón, según el Ministerio de Obras Públicas de Chile, es que la empresa española Azvi colocó al revés una de las piezas principales, uno de los tableros que conformaban la parte levadiza.
La consecuencia fue que la obra, de USD 31 millones, pasó a USD 46 millones, es decir, con un sobrecosto de aproximadamente USD 15 millones.
Acciona Concesiones SA. Esta firma internacional tiene como antecedentes una sobrefacturación en los trabajos de una plataforma logística de la ciudad española de Zaragoza (más conocida por el acrónimo PLA-ZA o PLAZA). El lugar es un espacio logístico de compuesto por más de 1.300 hectáreas
En el 2022, la firma fue condenada a devolver unos 2,6 millones de euros por los sobrecostos producidos en las mencionadas obras. Esto se sumó a los 57,7 millones de euros que ya abonó en el pacto previo al juicio por corrupción.
La resolución del arbitraje concluyó que la firma facturó 60 millones de euros de más en los trabajos.
