El robo de cable en los espacios públicos, viviendas privadas o de instituciones públicas ha crecido notablemente en los últimos tiempos en nuestro país, debido a su rápida venta en el mercado negro y su redituable costo, además del nulo control o de las investigaciones de los casos por parte de las autoridades.
Sin embargo, ese pequeño metro de cable que es robado generalmente por los chespis en los barrios es el inicio de un gran negocio ilegal que deja millonarias ganancias a los grandes contrabandistas de cobre.
El efecto es el mismo al de una bola de nieve. Primeramente, los robos de unos pocos metros de cable se inician en los barrios, que son perpetrados por los chespis, o también se dan en las instituciones públicas como ANDE y Copaco, realizados por parte de funcionarios infieles.
Estos metros de cables son vendidos a recicladoras que operan en las ciudades aledañas a la capital, ubicadas en San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Limpio, en el departamento Central, donde se paga alrededor de 30.000 a 35.000 guaraníes por kilo.
Posteriormente, estos acopiadores venden en mayor volumen a los chatarreros o metalúrgicos ubicados en el Departamento de Caaguazú, donde por kilo de cobre se paga entre 40.000 a 45.000 guaraníes. Estos, a su vez, trasladan las cargas de cobre hasta Ciudad del Este, donde operan tres grandes recicladoras con permisos de exportación, que compran el kilo a G. 50.000 o 55.000.
PECES GORDOS
Según una investigación realizada por este medio, los considerados como “peces gordos” en el millonario negocio ilegal de la compra y venta de contrabando de cobre y aluminio operan en el Este del país, desde donde envían entre dos a tres carretas por semana, con 30.000 kilos de cobre cada camión, hasta San Pablo, Brasil.
En San Pablo, los acopiadores pagan hasta G. 65.000 por kilo, lo que, multiplicado por 30 mil kilos que transporta un camión, da la millonaria suma de G 1.950.000.000 por cada carreta que llega a destino.
La carga de los camiones se hace en Ciudad del Este, Alto Paraná; luego, se transporta por la ruta 7 Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, hasta el distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú, donde son pasados al Brasil por la frontera seca entre la localidad de Pindoty Porã y Sete Quedas, del Estado de Matto Grosso de Sul, donde son trasbordados en camiones con documentos brasileños para ser enviados a su destino final en San Pablo.
Estos grandes contrabandistas logran pasar la carga de manera ilegal, evitando controles mediante coimas a las autoridades encargadas. A lo largo de la ruta 7 se encuentran apostados ocho puestos de control, tanto de la Policía Nacional, como Aduanas, Patrulla Caminera y otros.
