En una reunión de agenda pública, el presidente Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, conversaron en Mburuvicha Róga con el objetivo de abordar los problemas en el Registro Unificado Nacional (RUN), buscar la asignación de mayores recursos presupuestarios y avanzar en la modernización e integración de los sistemas registrales y catastrales del país.
La Presidencia destacó que el Ejecutivo “sigue fortaleciendo la seguridad jurídica” y que, junto a la directora del RUN, Lourdes González, se avanza en la planificación tecnológica, como parte de la versión oficial frente a las demoras.
Este impulso político y tecnológico llega en un momento de fuerte tensión para el sistema. El RUN tuvo que salir a justificar la lentitud en los trámites inmobiliarios, y atribuyó los retrasos a los ajustes operativos de un proceso histórico de unificación entre instituciones que funcionaban con normativas diferentes.
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La propia entidad reconoció que enfrenta dificultades derivadas de la falta de una plataforma electrónica única y de la separación física de sus oficinas.
Para revertir esta situación, se requieren grandes inversiones tecnológicas, las cuales, según la Ley Nº 7424/25, recién contarán con financiamiento gradual a partir de la recaudación de tasas proyectada para el año 2027.
Inseguridad jurídica y denuncias de “caos”
Mientras las máximas autoridades hablan de afianzar la seguridad jurídica, quienes operan con el sistema exponen un panorama preocupante. El Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) alertó que las deficiencias técnicas y los constantes cambios en los criterios administrativos están afectando la seguridad de los trámites inmobiliarios.
Los escribanos denuncian que se continúan expidiendo certificados catastrales con errores y que, cuando se solicita una corrección, los plazos legales se duplican o triplican.
Además, advierten que Paraguay carece de un catastro nacional integral, por lo que es técnicamente imposible que el RUN pueda garantizar actualmente superposiciones de propiedades.
A estos cuestionamientos se sumó la voz de organizaciones ciudadanas como el movimiento Tetãgua Sapucái, que denunció que la implementación del nuevo sistema está provocando un “caos jurídico”.
Este grupo expuso casos en los que la nueva base de datos georreferenciada traspoló erróneamente las ubicaciones de los terrenos, creando superposiciones gráficas que no existían en los títulos originales, mientras las autoridades ignoran la documentación técnica presentada para corregirlos.
Preocupación legislativa por el blindaje de tierras indígenas
Las grietas en el funcionamiento del RUN también generaron alerta en el Congreso. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores se reunió recientemente con los directivos tecnológicos y catastrales del RUN para exigir la implementación de un canal de alerta preventiva en la nueva plataforma. Ante la desprotección histórica y la falta de registros, propiedades pertenecientes a comunidades indígenas terminan siendo objeto de ventas ilícitas y doble titulación.
La comitiva estuvo integrada por la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González; la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Rosaliz Chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez. Por parte del Poder Ejecutivo, participó el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, junto con su equipo técnico.
