Esto, debido a que el denunciado usufructuaba la empresa para ofrecer y prestar el mismo servicio, pero bajo otro nombre y con fines de generar ganancias personales.
Sin embargo, lo llamativo del caso, es que el demandante termina siendo procesado ante la Fiscalía, por el supuesto hecho punible de uso de documento no auténtico, debido a la presentación de una constancia del uso de celular como parte de las evidencias en su demanda, que contaba con una supuesta firma falsa.
Ahora, el inversor argentino que promovió la demanda civil contra un “funcionario infiel”, ahora está acusado por la Fiscalía y en los próximos días se llevará a cabo la audiencia preliminar, en la cual se definirá si el extranjero enfrentará o no juicio oral.
Al respecto, el abogado Rodrigo González Planas, representante legal del empresario argentino, que dicho documento fue presentado por los ex abogados de la empresa, cuando su defendido ni siquiera estaba en el país, hecho que puede comprobarse con los papeles de migraciones.
También señaló que “la Fiscalía ni siquiera se ocupó de preguntar a los abogados que presentaron el documento, quien fue la persona que le entregó dicha constancia”.
Dijo que en reiteradas ocasiones solicitó a la Fiscalía identificar a la persona que dio el documento, así como el peritaje de la firma, pero le fueron negadas por el Ministerio Público.
Además, criticó que “este caso es una evidencia más de la inseguridad jurídica de nuestro país” y lamentó el trabajo del Ministerio Público por no realizar la investigación con la rigurosidad que requiere.
Otro punto cuestionada por la defensa de Señorans, es que llamativamente los representantes de Lares son los ex agente fiscales Eduardo Royg y Karina Giménez, pero anterior a ellos, le representaba el actual ministro de la Senad, Jalil Rachid.
“La Fiscalía toma como veraz todos los dichos de la querella y no sigue una linea de investigación”, cuestionó González Planas.
El abogado explicó que la causa inició en el marco final de una relación laboral con el empleado venezolano, en el que se entabló una demanda civil.
Durante ese juicio, los abogados de la empresa de Señorans presentaron un Acuerdo de Responsabilidad que llevaba las firmas del empresario argentino, pero que, según Lares, no eran sus firmas. Tras este incidente, Lares procedió a formular una denuncia por el supuesto hecho de uso de documento no auténtico.
