En un nuevo cruce de reclamos y negativas entre la familia del fiscal asesinado Marcelo Pecci y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, titular del Ministerio Público, este se limitó a decir que está activa la investigación para dar con el cerebro del crimen, pero cierra toda posibilidad de que los familiares sean parte de la causa. Sin embargo, en la investigación de la muerte del diputado Eulalio Lalo Gomes sí les dieron intervención a los abogados de los familiares de la víctima, según se lee en una resolución de la jueza Sadi López.
“¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes, sí y a la familia de Marcelo Pecci, no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”, dice en un comunicado los hermanos de Marcelo Pecci.
A su vez, el abogado Enrique Kronawetter sostuvo que es una cuestión de capricho el no permitirles acceder a la carpeta fiscal y que “el capricho no puede ser utilizado en el derecho para torcer una interpretación de la norma”.
El fiscal general, por su parte, en declaraciones a NPY, se excusó en que esta causa es sensible y que está vinculado al crimen organizado, y, por lo tanto, los datos que se manejan pueden poner en riesgo hasta a los intervinientes.
SIN RESULTADOS. Por otro lado, reconoció que no se está consiguiendo avanzar en la causa. “Una cosa es no activar y otra cosa es no tener resultados”, confesó.
Reiteró que el crimen de Pecci ocurrió en Colombia, pero que no hay hoy día la misma cooperación, dando a entender que no les pasan información y citó que hay “cuestiones políticas”.
“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en función de la nueva fiscal general, que responde a Petro”, dijo a NPY.
“El presidente (colombiano) por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente”, justificó.
“Habíamos instalado una suerte de posibilidad de tener por lo menos una conversación telemática. Hasta ahora no lo logramos, así que no es tan fácil, porque el escenario no lo tenemos dominado”, expresó el fiscal general.
Al respecto, se había fijado una reunión telemática entre Rolón Fernández y la fiscala general de Colombia, Luz Adriana Camargo, para el pasado 21 de junio, pero esta fue suspendida a pedido de la Fiscalía General de Paraguay, debido a que “una situación de urgencia en la dinámica de la Fiscalía ha requerido la atención del FGE”, según una carta enviada por el director de Gabinete Ejecutivo, Francisco Javier Jara, al agente Manuel Doldán, de la Dirección de Asuntos Internacionales, solicitando sus buenos oficios.
Comunicado a la opinión pública de la familia Pecci Desde la familia Pecci Albertini observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado de manera expedita y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal. ¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes –desde un principio ético– la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio. Dentro de lo que el dolor permite, tratamos de examinar con la mayor objetividad posible cuál es la fundamentación del rechazo a nuestra solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el Dr. Marcelo Pecci simplemente “un común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público califiquen la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro? Estas preguntas sin respuestas siguen siendo un misterio que generan sospechas, frustraciones, indignaciones y una suposición terrible de que el Ministerio Público ha incumplido, por una cuestión de privilegios, el precepto constitucional contenido en el artículo 47, numeral 1, que establece: “DE LAS GARANTIAS DE LA IGUALDAD. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. La igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen…”. El capítulo más desgarrador de esta historia es la calidad de ex compañero que ostentaba el fiscal Marcelo Pecci, con sus pares de la institución que hoy en día tiene la responsabilidad de perseguir a quienes lo asesinaron. El Ministerio Público de la República del Paraguay, con actitud de indolencia absoluta hacia la memoria de Marcelo Pecci, no ha hecho más que provocar profundas desilusiones en nuestra familia. Más allá de lo que se refiera a la aplicación de normas procesales, la actitud de indiferencia absoluta hacia la memoria de un compañero caído evidencia un desprecio profundo a la causa de la justicia y, sobre todo, displicencia en su principal misión constitucional de representación de los intereses de la sociedad. No queda más que rogar a Dios por la Justicia en el Paraguay.
Condenados Por esta causa ya fueron condenados en Colombia siete personas, que son los autores materiales. Se trata de Wendre Still Scott, Eiverson Arrieta Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño, sentenciados a 23 años y 6 meses. También están condenados a 25 años y 6 meses los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos. Mientras que Margareth Chacón, deberá pasar 39 años en la cárcel. Estos tres últimos habrían sido los financistas del crimen y los nexos con el cerebro que maquinó el magnicidio.
