En una reunión a puertas cerradas, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, hablaron sobre una histórica y millonaria deuda que tiene el Ministerio Público con la previsional, de cerca de G. 10.000 millones. De esta manera, la Fiscalía se suma a la lista de instituciones públicas que adeudan por alquileres de inmuebles al IPS.
El encuentro entre dichas autoridades duró solo 15 minutos en el que también participaron Gladys Vera, gerente de Administración y Finanzas del IPS, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional y Expidio Palacios, director Finanzas.
En abril pasado, el fiscal general había confirmado a los medios que el Ministerio Público adeuda al IPS aproximadamente G. 10.000 millones. Específicamente, la deuda es por el alquiler del inmueble ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, entre Víctor Haedo y Humaitá, donde funciona la Sede Fiscal N° 1, además de otros inmuebles.
Rolón Fernández había dicho que había “una necesidad de honrar el compromiso y que querían ponerse de a poco al día con la deuda, pero que se encontraban con dificultades, porque pese a que estaba presupuestado, no se le asignaba los montos requeridos.
Ayer, durante la reunión, el fiscal general volvió a comprometerse a ponerse al día con la deuda, incluso en el mantenimiento de los edificios, que se harán con descuentos mensuales.
Con ello, la Fiscalía se suma a empresas públicas y privadas que mantienen deudas millonarias con la previsional. Un informe señala que el monto de deudas acumuladas por el arrendamiento de propiedades del Instituto de Previsión Social (IPS) asciende a más de G. 19.000 millones.
RED OBRERO-PATRONAL. En un primer momento, como la reunión se manejó de manera hermética, se barajó varios posibles temas que podrían haberse tratado, entre ellos, las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público ante presuntas irregularidades en licitaciones y otros en el IPS, en administraciones anteriores.
Uno de ellos es el reporte que envió el presidente de la previsional sobre los informes de una auditoría interna respecto a un presunto esquema de fraude obrero-patronal.
Se trata de cinco denuncias que la nueva directiva del IPS envió a la Fiscalía, con sospechas incluso de que funcionarios habrían alterado el registro de sistemas, con el fin de supuestamente ocultar deudas de aportes. El informe precisa sobre la utilización de la identidad de una persona fallecida para transferir obligaciones previsionales y modificar el estado de morosidad de la empleadora Myrian Josefina Ríos, quien registraba una deuda correspondiente a seis planillas del seguro doméstico y otras 92 planillas vinculadas a una actividad diferente por más de G. 120 millones.
Sin embargo, los auditores detectaron que los datos asociados a esta empleadora fueron modificados dentro del sistema institucional.
OTRAS CAUSAS. Los fiscales de Anticorrupción Silvia González y Silvio Corbeta también investigan irregularidades en seis licitaciones que se iniciaron entre los años 2024 y 2025, cuando Jorge Brítez era presidente.
Se trata de contrataciones de servicios de higienización, suministro de textiles, así como sistemas de gestión ambiental y sistemas informáticos.
En la causa los fiscales ya se constituyeron en la sede de IPS y solicitaron varias documentaciones al presidente para corroborar los hechos.
Según la denuncia, dichas licitaciones habrían causado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 391.574 millones a la previosional.
La Fiscalía también investiga al ex director jurídico de IPS José González por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. La denuncia en su contra se basa por un lado, al supuesto cobro irregular de honorarios, y por otro, respecto a un presunto incremento desmedido de su patrimonio. El caso es investigado por el fiscal Christian Benítez.
Caso ascensores en la mira
Públicamente, el presidente del IPS Isaías Fretes confirmó la cancelación de la licitación de ascensores en el IPS y adelantó que solicitará que se investigue a la empresa a la que ya se le entregó el dinero sin contrato y se dispuso una auditoría interna con relación al mantenimiento de los ascensores.
