Los errores y chicanas fiscales, a más de las recusaciones de las defensas, fueron las principales causas del retraso de cinco años en el caso del Operativo Berilo, donde el jueves dieron arresto domiciliario a Reinaldo Javier Cucho Cabaña. La causa inició oficialmente el 6 de setiembre del 2018, con varios allanamientos simultáneos, aunque ya hacía meses que se realizaban escuchas telefónicas.
Ahí fueron aprehendidos, entre otros, Reinaldo Javier Cucho Cabaña, a más de imputados el entonces diputado Ulises Quintana y el fiscal Gustavo Yegros, entre otros.
En el caso de Cucho Cabaña, fue enviado a prisión el 8 de setiembre del 2018. La Fiscalía debía acusar el 8 de marzo del 2019, pero pidió prórroga para investigar, por lo que le dieron 6 meses más.
El error principal fue que el 8 de setiembre del 2019, el fiscal Ysaac Ferreira acusó a los procesados, pero no presentó las pruebas, lo que fue reclamado por las defensas.
La jueza Alicia Pedrozo le dio un plazo extra a la Fiscalía, lo que fue apelado por las defensas. Así, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, el 29 de noviembre del 2019, anuló la acusación fiscal porque no presentó pruebas. Además, emplazó por diez días al fiscal general para que acuse a los procesados.
ACCIÓN. Ante esto, el fiscal adjunto Marco Alcaraz planteó una acción de inconstitucionalidad el 11 de diciembre del 2019, en contra del fallo de los camaristas. Ese día, la Corte dispuso suspender el proceso hasta que dictara resolución.
La Fiscalía tardó casi un año en notificar a todos los procesados, lo que retrasó el estudio de la acción. Finalmente, el 22 de marzo del 2022, a dos años y tres meses, la Sala Constitucional rechazó la acción de la Fiscalía.
Los ministros César Diesel, César Garay y Alberto Martínez Simón no hicieron lugar al pedido de Alcaraz, con lo que el fiscal general tenía diez días para acusar.
El 10 de mayo del 2022, la jueza Alicia Pedrozo notificó al fiscal general de la decisión de la Corte. El 15 de mayo, ya acusaban a 24 de los procesados.
Luego fijaron varias veces la audiencia preliminar, que fueron suspendidas en su mayoría por la recusación a la jueza por las defensas de los acusados. Así se llegó a los cinco años, sin que siquiera se realizara la audiencia preliminar, donde se debe estudiar el pedido de juicio oral contra los acusados.
