No existen dudas sobre el hecho de que parte de la clase política se ha erigido en uno de los factores coadyuvantes del crecimiento del narcotráfico. Porque lejos de buscar el bien común, el bienestar para todos los paraguayos, se ha concentrado en lograr solamente sus intereses particulares, y para ello no han dudado en aceptar ayudas financieras provenientes de dudosos orígenes. Una vez en el poder, se convierten en protectores de estos delincuentes, que de esta manera consiguen operar con absoluta impunidad a lo largo y ancho del país.
Ante este panorama, solo queda la lucha frontal contra este flagelo en dos frentes. Por un lado, es fundamental que las instituciones del Estado paraguayo respondan de manera contundente. La rápida reacción de la Fiscalía, al imputar y pedir el desafuero del diputado colorado Ulises Quintana, vinculado al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, es muy auspiciosa. Sin embargo, queda todavía un largo camino por recorrer, pues la imputación en sí no es suficiente si la Fiscalía no completa su labor. Baste recordar un caso: desde hace cuatro años duerme en el Ministerio Público una denuncia realizada por la Cámara Senadores, a partir de un Informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sobre políticos supuestamente vinculados a narcotraficantes. Un total de seis dirigentes políticos, tres de ellos legisladores, aparecen en la citada denuncia. Cuatro años después la Fiscalía no ha hecho ningún avance.
Por su parte, el Parlamento es también una institución que ha ayudado al posicionamiento de la narcopolítica, al dilatar en forma sistemática el proyecto de ley para aumentar el control al financiamiento político. Los miembros de nuestra clase política no han hecho otra cosa hasta ahora más que oponerse al establecimiento de mecanismos jurídicos que logren frenar el avance de la mafia. Es así que durante años se han opuesto a la implementación de herramientas legales que podrían controlar el financiamiento de los partidos, y transparentar de esta manera las finanzas de las entidades que gobiernan el país.
Al mismo tiempo en que se consigan arbitrar los mecanismos legales para evitar que siga creciendo la incursión de los narcos en la política del país, se hace necesario que la ciudadanía exija que las instituciones del Estado cumplan con su rol.
No podemos permitir que la violencia generada por la mafia del narcotráfico siga cobrando vidas en nuestro país. Las autoridades deben hacer todo lo posible para garantizar seguridad a la población y que las denuncias sobre los narcopolíticos dejen de ser cajoneadas.
El Paraguay no puede ser secuestrado por la narcopolítica. Nos merecemos un futuro mejor.
