El documento entregado al Legislativo contempla un monto total de G. 85,7 billones (USD 12.089 millones al tipo de cambio estimado), un pedido especial para llegar a un déficit del 4% del PIB y un endeudamiento central y descentralizado por valor de USD 1.593,3 millones. Asimismo, se estima una caída de la recaudación de impuestos en torno al 8,2%, un gasto salarial que devorará el 84% de los ingresos y exoneraciones tributarias que llegarán a los USD 499 millones, entre los principales indicadores económicos.
Tras un año en el que el Banco Central del Paraguay (BCP) proyecta cerrar con una caída económica del 3,5%, el impulso que pueda dar el PGN al mercado interno mediante las inversiones públicas y los programas de protección social, principalmente, es fundamental para asegurar el efecto multiplicador en la economía y las expectativas de rebote el año entrante.
Es así que en medio de un difícil panorama para el Fisco, por el feroz endeudamiento tomado este año para hacer frente a la pandemia del Covid-19, a lo que se suma la caída de ingresos tributarios y el déficit proyectado para el 2021, el plan de gastos se encuentra con una rigidez y un espacio de maniobrabilidad cada vez más ajustados, por lo que el documento debe ser analizado y tratado con mucho cuidado por la clase política que se ubica en el Parlamento.
Los legisladores no pueden hacer oídos sordos a los llamados de austeridad y prudencia hechos por el Ministerio de Hacienda y por el sector privado, en especial en lo que se refiere a la estimación de ingresos y el tope de gastos. Las elecciones municipales que se vienen en 2021 ciertamente pueden convertirse de nuevo en un motivo para inflar el presupuesto público, pero es inconcebible este tipo de maniobras en un año de enormes dificultades y desafíos, y, sobre todo, de mucha incertidumbre.
La Ley de Presupuesto es la legislación más importante que se discute en el último cuatrimestre de cada ejercicio fiscal. Esta normativa refleja la estrategia del Gobierno para llevar adelante las políticas públicas y debe garantizar que los bienes y servicios básicos lleguen a la gente para mejorar o potenciar el bienestar general.
La Ley del PGN 2021 pasó ahora a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, instancia conformada por cuarenta senadores y diputados. Esta Comisión comienza desde esta semana a llamar a audiencias a las autoridades de todas las entidades públicas para la defensa de sus planes de gastos, para luego emitir un dictamen antes del 31 de agosto y remitir el documento a Diputados.
Teniendo en consideración la coyuntura actual y la incertidumbre para el 2021, es fundamental que el propio presidente Mario Abdo Benítez baje una línea consensuada a los ministros y secretarios de Estado. Es una práctica común de las autoridades no respetar las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda y reclamar a la Comisión Bicameral aumentos casi irrealizables.
Para dar un ejemplo, el año pasado, en plena recesión, los secretarios de Estado habían pedido aumentos por valor de USD 647 millones. De ese total, el 90% era para salarios. Entonces, las entidades deben comprender el rol del Ministerio de Hacienda como cabeza del Equipo Económico Nacional y entender que el plan de gastos públicos responde a una coyuntura complicada desde todo punto de vista.
Aprobar nuevamente un plan de gastos sin fuente concreta de financiamiento y sin los avales de los técnicos de Hacienda podría significar un nuevo golpe para un Fisco ya bastante maltrecho por las dificultades económicas que tuvo que atravesar en los últimos años. Responsabilidad, legisladores.
