El proyecto consiste en la construcción de unas 14.320 viviendas, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
A mediados de mayo, se pondrá a disposición de la ciudadanía el emblemático programa.
Sin embargo, ya aparecen los primeros cuestionamientos a raíz de que algunas de las empresas aprobadas para la presentación de las propuestas de construcción de viviendas poseen antecedentes de malas gestiones o desprolijidades en el rubro.
Historial. Una de ellas es Kuarahy Ingeniería, de Enrique Guillermo Chamorro Zárate. Forma parte de la lista de una de las empresas aprobadas para la presentación de planes.
En el 2015, la firma fue adjudicada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para la construcción de pozos artesianos en Canindeyú. A pesar de haber cobrado por adelantado el pago por las obras (G. 1.495 millones), los pozos registraron una demora de más de un año para su realización. Chamorro alegó problemas de conexión eléctrica y caminos intransitables para justificar el incumplimiento. Aunque después de publicaciones periodísticas, los trabajos fueron realizados. Otro prestador de servicios aprobado con antecedentes es Alejandro Raúl Pérez Heras. El empresario aparece en la lista de 75 personas imputadas por falsificar facturas para evadir impuestos.
Esto ocurrió en torno a una investigación por megaevasión impositiva relacionada a un esquema que se habría montado para la obtención ilegal de facturas impositivas a fines de diciembre del 2020. Se trata de unas 50.000 facturas. Unas 75 personas fueron imputadas por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos. Entre ellos, el actual oferente del MUVH.
Cuestionamientos. Planeta Construcciones, de Efraín Cadogan Duarte; Arquitectónica SA, de Sebastián Pérez Codas; y Cotep SA, constructora de Sergio Adrián Román Delpino son tres desarrolladores inmobiliarios aprobados con antecedentes.
El primero entregó viviendas sociales de menor calidad y así registraron una presunta sobrefacturación según datos de la Contraloría General de la República (CGR) denunciados en el 2020 ante el Ministerio Público.
La investigación sigue abierta en el marco del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
Por su parte, Cotep, de Sergio Román, aparece vinculada al caso de estafados de Mocipar. Cheques de la empresa constructora eran firmados por el senador colorado Javier Zacarías Irún para quedar sin deudas con Mocipar Propiedades y así mermar los resarcimientos que correspondían a los ciudadanos estafados por Mocipar.
En cuanto a la empresa Arquitectónica SA de Sebastián Pérez Codas, registra denuncias periodísticas por entregar viviendas sociales que no se encontraban en condiciones para albergar a familias. Beneficiarios debieron entregar las llaves de los inmuebles a fiscalizadores en el 2019 debido a esta situación, según denuncias de aquel entonces.
Constructora. Dentro de los posibles oferentes aparece la cuestionada firma Benito Roggio e Hijos SA, de Gustavo Armando Pavetti Ibarrola. En el 2021, obreros que prestaron servicios a la firma para la construcción de varios puentes en el distrito de Villa Ygatimí (Canindeyú) amenazaron con quemar máquinas de la empresa ante salarios impagos.
Estos son solo algunos de los casos. La semana pasada, el presidente Santiago Peña se reunió con el ministro Juan Carlos Baruja para proyectar el programa estrella.
