Así como ocurrió recientemente con tres jueces de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, suspendidos en sus cargos y procesados por su mala actuación, también tres jueces del Tribunal de Apelaciones fueron apartados de sus funciones y sometidos a proceso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por haber revocado la condena de 10 años y dejar en libertad a un ex policía que abusó sexualmente durante tres años de su hijastra, una niña menor de edad.
La determinación fue adoptada luego de que varias publicaciones periodísticas hayan puesto de resalto lo ocurrido, con la continua movilización y protesta de un grupo de familiares y ciudadanos indignados, en repudio a la medida dispuesta por los miembros de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ciudad de Este, Aniceto Amarilla, Mirian Meza e Isidro Sánchez, que revocaron parte de la condena a diez años de prisión otorgada por los jueces de sentencia en agosto pasado al ex policía de 39 años de edad, que abusó sexualmente de su hijastra, y decidieron otorgarle libertad ambulatoria, con la justificación de que el procesado ya había cumplido tres años de prisión.
La creciente indignación de los ciudadanos y familiares, aglutinados en la organización denominada “Con los niños, no”, hizo que los miembros del JEM decidan por unanimidad suspender a los tres jueces y someterlos a proceso por su cuestionada actuación.
Una situación similar ya había ocurrido hace apenas dos semanas cuando los jueces de un Tribunal de Sentencia de Paraguarí, Gerardo Ruiz Díaz, Jorge Giménez y Hugo Ríos, también decidieron condenar a dos años de cárcel, pero con suspensión de la pena de prisión, a un hombre que fue hallado culpable de abusar sexualmente durante dos años de su hijastra menor. Además de la falta de castigo, los jueces comentaron detalles con palabras soeces y sin ningún respeto a la condición de la víctima, mostrando una abierta complicidad con el procesado. Lo que expresaron durante el juicio fue publicado por este medio, generando una fuerte reacción de la ciudadanía, que motivó no solo la intervención del JEM, que suspendió a los tres jueces y abrió un proceso contra ellos y contra la fiscala que investigó inicialmente el caso, Yrides Ávila, sino que la propia Corte Suprema de Justicia decidió auditar el caso y la Fiscalía apeló el fallo.
En estos dos casos que tienen características muy similares, resalta la pésima actuación de fiscales y jueces que no han tenido en cuenta el necesario respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizados por la propia Constitución, por el Código de la Niñez y la Adolescencia y por diversos convenios internacionales suscritos por el Estado paraguayo, en especial cuando los menores de edad son víctimas de abuso sexual.
Es necesario que los medios de comunicación contribuyan a denunciar estos casos que ponen en evidencia la muy pobre preparación, como la abierta parcialidad, de quienes deben impartir justicia, sin descartar casos de presunta participación en hechos de corrupción para favorecer a los abusadores, que deben ser debidamente investigados. Por ello hay que seguir respaldando las acciones de la ciudadanía que ayuda a reparar el mal actuar de la Justicia.
