La empresaria, que está acusada por supuesta lesión de confianza, había mencionado que la Fiscalía no tuvo en cuenta una pericia en la que revelaba que era falsa la firma que aparece en los contratos a su nombre.
Denunciaron que se recibía mucha más plata de la estipulada en los papeles. Según su defensor, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, la empresa Biotécnica SRL en realidad le paga a la señora María Eugenia Acosta por alquiler de sus locales USD 60 millones mensuales y no G. un millón, como denunciaron Sasiain y su esposa Antonella Galli, hija de Acosta.
“HAY PRUEBAS”. Sasiain salió al paso de las declaraciones y dijo que el caso “es mucho más complejo que un simple contrato de alquiler”.
Mencionó que la Fiscalía tiene dos dictámenes periciales que dan cuenta del perjuicio patrimonial durante la administración de María Eugenia Acosta Vallejo, “lo cual se encuentra sustentado”, dijo.
Según el denunciante, la acusación presentada por el fiscal Diego Zilbervarg señala que “la hoy acusada se valió de su cargo de administradora y gerente para realizar trasferencias y expedir cheques desde las cuentas de la firma Biotécnica a las de ella y de esa manera disminuir el patrimonio de la empresa y aumentar la suya”.
Resaltó que la firma se negó a entregar los libros requeridos en el juicio de rendición de cuentas, que se está llevando a cabo en el fuero Civil.
“Desde la orden judicial de entrega de los libros en marzo de 2022, la administración de la empresa se niega a entregarlos recurriendo a chicanas”, refirió Sasiain.
