Las personas se agruparon frente al Panteón donde se leyó un comunicado de la Articulación Curuguaty, que defiende a los acusados por la masacre que se cobró 17 vidas. Exigieron la nulidad de la audiencia preliminar por las irregularidades en el proceso.
Argumentaron que las tierras de Marina Cué no pertenecen a la familia Riquelme y no hubo un “tiempo paralelo” que le favorezca. La Armada ocupó las tierras desde 1967 hasta 1999, por ende no se puede presentar el pedido por usucapión.
Lo que más llamó la atención fue lo sucedido en la audiencia este miércoles. La jueza Ríos aceptó las cajas en las que la Fiscalía presentó. Eran más de las que se puso a conocimiento de la defensa de los campesinos. Es por eso que los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro recusaron a la magistrada.
Para el abogado Francisco Benítez, integrante del equipo jurídico de la Codehupy, se nota cada vez más “los vicios dentro del proceso que se lleva a cabo”. Consideró que se busca “criminalizar la exigibilidad de las tierras que les pertenecen por derecho” a los campesinos.
En el caso de las evidencias que la jueza avaló, señaló que eso ya excedía sus funciones, pero que “justifica de alguna manera la desprolijidad del Ministerio Público”.
Los manifestantes marcharon desde el Panteón hasta la Casa del Pueblo, donde se hospendan dos de las acusadas, Fani Olmedo y Dolores López con sus hijos. Otro de los acusados, Juan Carlos Tillería, agradeció el apoyo, y aseguró que seguirán luchando.
