YPF era la filial de Repsol que, en la primavera de 2012, fue nacionalizada por las autoridades argentinas.
Según explicaron hoy a Efe fuentes de Repsol, la petrolera pidió ayer estas medidas cautelares para que el gobierno argentino y a los de las provincias se abstengan “de realizar cualquier acto que implique la disposición de activos estratégicos de YPF”.
De esta manera, Repsol pretende proteger estos activos, en especial el dominio minero y los derechos económicos sobre Vaca Muerta, frente al acuerdo formalizado por Chevron e YPF para explotar este yacimiento.
Repsol presentó en diciembre una solicitud de arbitraje ante el CIADI con el objetivo de que el Gobierno argentino le compense por la nacionalización del 51 % de las acciones de YPF.
Entre otras cuestiones, la petrolera tiene solicitada “la declaración de ilegalidad de la expropiación y la compensación o restitución de los activos expropiados”, de manera que cualquier acuerdo para explotar Vaca Muerta resulta, en su opinión, ilegítimo, porque pone “en peligro la integridad de la restitución”.
Además, Repsol criticó que Chevron ha actuado con un “doble rasero”, ya que mientras solicita “apoyo de la comunidad internacional” en algunos estados, no tiene “reparo en aprovecharse” de la “confiscación” de YPF.
Chevron e YPF sellaron un acuerdo el pasado 16 de julio por el que la petrolera estadounidense invertirá 1.240 millones de dólares (unos 941 millones de euros) en la explotación de recursos no convencionales en el yacimiento argentino de Vaca Muerta.
