Al término este lunes de un juicio de cuatro días, Cockerill, de la división comercial del Superior, indicó que es improbable que haya un fallo antes de octubre. En cualquier caso, en principio cualquiera de las partes podrá recurrirlo.
La magistrada debe determinar si considera aplicables en Inglaterra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta “ad hoc” del BCV, a pesar de que el Gobierno del Reino Unido le reconoce a él, y no a Maduro, como presidente interino del país latinoamericano. Si concluye que son válidas, sería el BCV de Maduro el que tendría autoridad sobre las 31 toneladas del metal precioso, valoradas en 1.600 millones de euros. Si, en cambio, juzga que no rigen en jurisdicción inglesa, accedería el bando de Guaidó.
El letrado de la junta presidida por Calixto Ortega, Richard Lissack, defendió la independencia del TSJ, mientras que Andrew Fulton, por parte de la de Guaidó, instó a ignorar sus dictámenes con el argumento de que es una institución ligada al régimen de Maduro. Lissack recordó que este caso es de “una enorme gravedad” y tendrá “reverberaciones”, pues sienta precedente en el derecho británico, y le pidió que ejerza “cautela” al pronunciarse y no se base en las “generalizaciones” y “habladurías” presuntamente esgrimidas por Fulton sobre la situación política en Venezuela. El abogado subrayó que este litigio no es “un juicio sobre el Gobierno de Maduro” sino sobre qué junta puede dar instrucciones al Banco de Inglaterra, y señaló que la de Guaidó no tiene poder real y “no responde ante nadie”. EFE
