El juez de Garantías, Miguel Palacios, había decretado ayer de oficio, la prisión preventiva de Reinaldo Javier Cabaña, del ex diputado Ulises Quintana, y de Hugo Martín Ríos, para que pueda realizarse la audiencia preliminar el próximo 5 de marzo.
El juez había argumentado, entre otras cosas, que hubo quince suspensiones de la diligencia, y que hace más de tres años y ocho meses sin que el proceso pudiera avanzar, con lo que indica que es una estrategia defensiva para obstruir la Justicia.
Con ello, dice que no existe voluntad de someterse a la Justicia, por lo que refirió que existe peligro de fuga y decretó la prisión preventiva de los tres procesados.
Ante esta situación, el abogado Nelson López presentó esta mañana un pedido de revocatoria de la prisión preventiva del acusado Reinaldo Javier Cucho Cabaña.
Sostiene principalmente que Cabaña ya cumplió la pena mínima al estar más de 7 años y 6 meses recluido.
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Este estuvo 5 años en prisión y luego más de dos años y medio con arresto domiciliario, lo que se computa también como privación de libertad.
Con ello, indica que se viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, a más del Pacto de San José de Costa Rica, al prolongar la privación de libertad por un tiempo mayor al de la pena mínima por el delito acusado.
Afirma entre otras cosas que no se justifica que para la realización de la audiencia preliminar, se decrete la prisión preventiva del encausado.
Con este argumento, el profesional solicita la revocación de la medida privativa de libertad dictada ayer por el magistrado.
Cucho Cabaña ya se presentó ante el Departamento Judicial y el ex diputado Ulises Quintana también hizo lo propio esta mañana.
La audiencia preliminar en el caso del Operativo Berilo fue suspendida ya en 15 ocasiones, desde el 16 de mayo del 2022, cuando estaba a cargo de la jueza Alicia Pedrozo, con lo que suman 3 años y 8 meses que está sin realizarse la diligencia.
En una de las suspensiones, el 18 de setiembre del 2023, fue por la incomparecencia de la agente fiscal Lorena Ledesma, que no se presentó a la audiencia.
El caso también había sido suspendido por cerca de tres años a pedido de la Fiscalía, que presentó una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada, finalmente, por la Sala Constitucional de la Corte.
