Tras varias postergaciones, finalmente, el Gobierno remitió ayer al Congreso Nacional el ambicioso proyecto de ley a través del cual busca impulsar la reforma integral del transporte público del Paraguay, iniciando con el área metropolitana de Asunción. ¿Cuáles son sus ejes?
El documento fue presentado en el marco de un acto celebrado en el Palacio de Gobierno. La encargada fue la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.
El fortalecimiento del Viceministerio de Transporte y generar reglas claras; la renovación de la flota con buses amigables con el medioambiente; y la mejora en la infraestructura vial urbana, son los pilares de la propuesta.
La reforma buscará “romper el monopolio” que tienen las empresas que actualmente operan en el sistema de transporte público, dijo Centurión. No obstante, el proyecto de ley contempla un abanico de posibilidades para que los mismos operadores “ineficientes”, como los calificó el Gobierno, sigan operando.
Asimismo, establece que el Estado podrá continuar con su política de subsidios “priorizando a los prestadores de unidades funcionales durante la implementación gradual de la ley”.
Sobre la consolidación del Viceministerio de Transporte, se pretende otorgarle nuevas facultades como regulador del sistema.
Asimismo, según explicó Centurión, el proyecto de ley contempla la incorporación gradual de buses eléctricos y movidos a diésel (1.000 unidades). La titular del MOPC aseguró que la renovación del transporte es “irreversible”.
NORMAS GENERALES. Una de las innovaciones contempladas en el proyecto de ley es que se contiene una declaración de que el servicio de transporte público metropolitano es un servicio público imprescindible, lo que implica garantizar su prestación continua y regular, así como la sanción de las interrupciones como infracciones graves.
También prevé la posibilidad de declarar nuevas áreas metropolitanas, sobre la base de indicadores objetivos. Es decir, ampliar la cantidad de ciudades contempladas en el plan.
La propuesta de ley ratifica que el servicio público de transporte es un servicio regulado por el Estado, pero prestado por el sector privado mediante concesiones. No obstante, establece con claridad que podría ser prestado por el mismo Estado cuando así lo exija el interés público.
CONTRATOS. La reforma propone distintos tipos de contratos separados para las prestaciones de servicio. Estos podrán ser contrato de provisión de flota, contrato de operación de flota en unidades funcionales (conjunto de rutas o itinerarios), contrato de provisión de infraestructura (patios de estacionamiento de buses ) y contratos de servicios complementarios (inspección técnica vehicular).
Todos los contratos serán celebrados mediante procesos licitatorios, sin renovación automática y los plazos serán de hasta 15 años.
ROL DE LA AFD. El proyecto de ley pretende la creación de un “Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros” que será fondeado con diversas fuentes de recursos, tales como cargas y recargas del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, subvenciones del Estado, determinadas multas y otros aportes autorizados. Este fideicomiso tendría como fiduciario a la Agencia Financiera de Desarrollo.
PAGOS A EMPRESAS. El documento indica que los pagos a los prestadores podrán ser, según lo previsto, en diversos conceptos: Cantidad de pasajeros transportados, kilometraje recorrido, cantidad de flota, área y prestaciones de los patios, disponibilidad de tecnología, entre otros, o la combinación de estos factores.
Los desembolsos serán ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas, en su rol de fiduciario. Asimismo, este podrá emitir certificados de deuda en el caso de mora.
Tren de cercanías. El proyecto de ley contempla la posibilidad de que el sistema de transporte público metropolitano se integre al Tren de Cercanías, cuyo futuro aún no se define. En ese contexto, será el MOPC con la empresa prestadora de este servicio los que coordinen la integración de los sistemas.
TRANSPARENCIA. Los prestadores del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, así como las que operan el billetaje electrónico, tendrán la obligación de proporcionar al Viceministerio de Transporte, o poner a su disposición, todos los datos generados en el marco de la prestación del servicio.
FLOTA. La propuesta de normativa establece que el Estado podrá comprar buses para alquilarlos, entregarlos en comodato o ceder su administración, basados en el “interés público”. Además, podrá enajenarlos.
