El Senado sancionó este miércoles, durante una sesión ordinaria, el proyecto de ley de reforma al transporte público de pasajeros, tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El texto ahora pasa al presidente Santiago Peña para la promulgación o veto, en un contexto marcado por la amenaza de una huelga de choferes prevista para los días 16 y 17 de diciembre, quienes argumentan que la normativa vulnera derechos laborales.
La iniciativa, titulada “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”, redefine la supervisión del transporte terrestre y altera aspectos claves del marco normativo vigente.
Los senadores aprobaron la versión remitida por Diputados, que incluye cambios en artículos como el 20 y el 39, los más cuestionados por los gremios de transportistas. Estos sectores anunciaron una paralización para presionar por un veto parcial del Ejecutivo en esos puntos. La votación electrónica en el pleno resultó en la aceptación de las enmiendas, y el proyecto fue remitido inmediatamente al Poder Ejecutivo.
Durante el debate, varios legisladores expusieron sus posiciones. El senador Beto Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió el dictamen mayoritario a favor de las modificaciones de Diputados, mientras que un informe en minoría abogaba por ratificar la sanción inicial del Senado.
Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, presentó el dictamen conjunto de varias comisiones, recomendando la aceptación de la propuesta de Diputados, salvo en el artículo 108 que se pedía mantener la versión senatorial.
El senador Ramón Retamozo respaldó las enmiendas al concluir: “El plazo de prescripción de 2 años del artículo 108 de este proyecto es suficiente y conforme a las normativas, apoyo las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados”.
Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expresó el apoyo total de su instancia al mensaje del Ejecutivo tal como llegó de Diputados.
En contra, el senador Líder Amarilla manifestó: “Definitivamente, este proyecto no va a cambiar nada en el sistema de transporte público”.
La senadora Celeste Amarilla enfatizó la necesidad de revisar los artículos 21, 39 y 108 por sus implicancias legales, y agregó: “Definitivamente, no podemos bajar de 6 a 2 años la prescripción”.
Rafael Filizzola criticó la iniciativa al afirmar: “Esta ley no va a solucionar nada porque acá el problema no es un problema de ley, el problema es la falta de voluntad política”. Añadió que los empresarios del sector son “un grupo de ineficientes, que nunca hicieron nada por prestar un servicio eficiente y se aprovecharon siempre de sus vínculos políticos, esa es la realidad”.
Así, la senadora Yolanda Paredes anunció la abstención, argumentando: “Se va a abstener de votar porque los dos proyectos son ineficientes y no van a resolver absolutamente la cuestión de fondo del transporte de la problemática del transporte”.
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