El informe actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público revela que la propuesta de reforma de la Caja Fiscal permitiría reducir significativamente el déficit del sistema y generar un ahorro promedio de USD 573 millones al año para el Tesoro Público entre 2027 y 2031.
El documento detalla un escenario de reforma que incluye varias medidas claves: la fijación de una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que no contaban con ella, el aumento del aporte total al 22% (19% de los trabajadores y 3% del Estado) y la unificación de la base de cálculo a los últimos cinco años para la mayoría de los sectores. Estos cambios reducirían el déficit actuarial en un 61,6%, pasando de USD 796 millones a USD 306 millones durante el periodo analizado.
Según el informe, estas medidas no solo optimizan el gasto, sino que también permiten postergar el agotamiento de los recursos excedentes del Programa Civil hasta 2032. Además, se recomienda revisar la base reguladora, actualizar periódicamente los beneficios, establecer edades mínimas de jubilación para todos los regímenes y revisar el reconocimiento de años de servicio por hijos, como estrategias necesarias para fortalecer la sostenibilidad financiera y garantizar la equidad intergeneracional.
En términos de impacto fiscal, mantener el sistema bajo el escenario actual demandaría un gasto promedio anual del Estado USD 739 millones. Con la reforma, este monto se reduciría a USD 166 millones, representando un alivio fiscal promedio anual de USD 573 millones, equivalente a USD 2.292 millones en cuatro años. Es importante mencionar que el deficit actuarial no equivale al gasto fiscal ya que una parte se cubre con aportes corrientes y recursos propios del sistema.
El informe destaca que, además de extender la solvencia del fondo hasta 2032, la nueva arquitectura permitiría que sectores estratégicos, como la administración pública, el personal de blanco y los magistrados judiciales, transiten hacia un superávit durante el quinquenio analizado.
Al 2024, la insostenibilidad financiera del sistema es evidente. El déficit actuarial del Programa Civil asciende a USD 13.313 millones y alcanza USD 18.663 millones al incluir el Programa No Civil. Las reservas matemáticas necesarias (USD 16.713 millones en el Programa Civil) superan ampliamente los fondos disponibles, que en 2024 eran de USD 741 millones. Fuerzas Armadas y Policía carecen de patrimonio propio y dependen íntegramente del Presupuesto General de la Nación.
El documento señala que, sin ajustes, el patrimonio del Programa Civil se agotaría en 2027, dejando al sistema completamente dependiente de los aportes corrientes y del financiamiento del Tesoro. La reforma demuestra que es posible ralentizar este proceso y mejorar la salud financiera de la Caja Fiscal mediante ajustes paramétricos.
Tratamiento. El proyecto de reforma se encuentra en el orden de sesiones de la Cámara de Diputados para el próximo jueves. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea postergado ante la presión de los sectores afectados, quienes piden una mesa de trabajo para analizar la propuesta.
Sectores se niegan a jubilarse a los 57 años
Representantes de sectores especiales de la Caja Fiscal (docentes, policías y militares) rechazaron la propuesta del Ejecutivo de fijar edad mínima para jubilarse en la audiencia pública del viernes.
Corina Falcón (FEP) destacó que la Constitución garantiza jubilación digna y que países de la región aportan más (20% en Argentina, Uruguay y Brasil; 10% en Bolivia). Pidió eliminar la palabra “extraordinario” para jubilarse a 55 años con 30 de aporte. María del Carmen Carrizo (UNA) pidió mesa con el MEC, aporte estatal del 14% y suprimir edad mínima. Blas Méndez (fuerzas públicas) rechazó la edad mínima, pero aceptó 5 años más de servicio y aumento al 19%.
