El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece Medidas de Reforma para la Caja Fiscal. Esta es una de las reformas fundamentales para fortalecer la previsibilidad de las finanzas públicas de nuestro país, así como para mejorar la equidad interna y externa del régimen de jubilaciones del sector público.
El diagnóstico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra una situación catastrófica, como lo anticipamos en varios artículos anteriores. Según los datos presentados, el déficit de la Caja Fiscal ascendió a USD 334 millones en el año 2025, y según sus proyecciones, en las condiciones actuales, este se multiplicaría por casi tres veces hasta alcanzar un monto de USD 952 millones en el 2030 (1,4% del PIB), el cual se cubrirá enteramente con recursos tributarios. Para solventarlo, el Congreso tendrá que aprobar un aumento en la tasa del IVA llevándolo del 10% al 12,5% para el año 2030. Para evitar el aumento del IVA la tasa de aporte debería aumentar al 80% del salario, algo absolutamente inviable e irracional. Por ello, la reforma es necesaria e impostergable.
Este abultado y explosivo déficit es el resultado de un régimen jubilatorio de privilegio para amplios sectores del funcionariado público que fueron aprobados por parlamentarios irresponsables en las últimas décadas. Solo el segmento de funcionarios administrativos tiene un régimen con parámetros razonables en términos de tasa y años de aportes, edad mínima de jubilación y tasa de sustitución. Los demás segmentos fueron consiguiendo beneficios cada vez más ventajosos. Según los datos del MEF, en el año 2024 la edad media de los nuevos jubilados de los sectores de maestros, fuerzas policiales y militares (sectores que no tienen una edad mínima de jubilación) fue de 52 años, y casi un 30% tenían menos de 50 años. Debemos recordar que la expectativa de vida promedio en nuestro país es de 75 años, 72 años para hombres y 78 años para mujeres.
Es imposible financiar 25 años de jubilación con una tasa de sustitución de ingresos del 88% y una tasa de aporte del 16% del salario durante la misma cantidad de 25 años de aporte. Por ello, los aportes propios acumulados apenas cubren el 20% del monto total de las jubilaciones percibidas. La diferencia, o sea el 80%, debe ser pagado con los impuestos aportados por contribuyentes del IVA, IRE e IRP. Si consideramos que el 75% de estos contribuyentes no tienen cobertura de ningún régimen de jubilaciones contributivas y que recibirán una pensión graciable a partir de los 65 años, equivalente al 25% del salario mínimo, los beneficios de jubilaciones de los funcionarios públicos son absolutamente de privilegio e implican una enorme inequidad con los demás trabajadores.
La reforma propuesta por el MEF en el proyecto de ley consiste en modificar algunos parámetros fundamentales de la Caja Fiscal. El ajuste principal es la fijación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los tres segmentos del funcionariado que no lo tienen y una tasa de sustitución mínima para los maestros del 78% del promedio de los últimos cinco años de remuneraciones, con 25 años de aporte; y una del 50% con 20 años de aporte para policías y militares. Estas tasas de sustitución se incrementan hasta el 100% con 30 años de aporte y 62 años, en el caso de los maestros; y solo con 35 años de aporte para policías y militares. El otro ajuste importante es el aumento de la tasa de aporte del funcionario del 16 al 19% del salario y se establece un aporte patronal del 3%.
Si bien la reforma no es integral ni estructural, esta realiza cambios paramétricos importantes para mejorar la equidad y reducir gradualmente el déficit financiero, para así evitar un aumento en la tasa del IVA y de otros impuestos. Con un modelo de simulación simplificado, encontramos que, si bien la edad mínima de jubilación sigue siendo baja y las tasas de sustitución son elevadas, estas son en parte compensadas por el incremento en las tasas de aporte. Por lo tanto, en la medida en que el Congreso respete los parámetros propuestos, el régimen resultante será mejor al actual. Sin embargo, serán necesarias reformas adicionales en el futuro que nos acerquen a un régimen de jubilaciones de cobertura universal, equitativa y financieramente sostenible en el tiempo.
