La falta de implementación de la carrera del servicio civil, el control de los conflictos de interés que se suscitan por el papel del Estado como propietario de la empresa pública a la vez que regulador y comprador o suministrador de bienes y servicios de la empresa y la transparencia. Todos estos desafíos pueden ser enfrentados con la implementación cabal del marco jurídico, ya que en muchos casos existe la normativa, pero no se implementa y, en otros casos, se requieren mejores leyes como el de conflicto de interés o nepotismo.
En todos los casos, como en cualquier ámbito de la política pública, el sistema judicial es determinante para penalizar la mala gestión y el incumplimiento de las normas. Con impunidad no hay posibilidad de que una política pública tenga buen resultado.
La existencia de empresas públicas no tiene que ver con paradigmas económicos. Los motivos son de diferentes tipos, incluso, según algunos estudios académicos, en los países más desarrollados se observa un mayor peso de las mismas en el PIB que en los países más pobres. La historia económica reciente de muchos países europeos y de varios de los tigres asiáticos muestra evidencia de que cuando funcionan bien contribuyen al desarrollo.
Esta evidencia también señala que la gobernanza de las empresas constituye uno de los cimientos de su éxito debido a los importantes desafíos y debilidades que enfrenta. Como el resto de las instituciones públicas están sujetas a la influencia política, lo que las obliga a lidiar con presiones electorales y la necesidad de garantizar eficiencia.
El equilibrio de objetivos sociales con rentabilidad económica no es fácil. Las externalidades positivas, la existencia de monopolios naturales u oligopolios, los mercados muy pequeños hacen que los países decidan contar con empresas públicas en la provisión de energía eléctrica, agua potable, conectividad, ferrocarriles, entre otros.
Cualquier evaluación que realice el gobierno, tanto de la situación actual como de las reformas debe considerar estos aspectos. En primer lugar, el rol de las empresas en el bienestar de las personas y en el desarrollo.
En segundo lugar, debe considerar los mecanismos que garantizarán una gestión eficiente y transparente. De nada servirá contar con una evaluación económica-financiera si no se tienen en cuenta los cuellos de botella que impiden decisiones racionales, ajustadas a las normas y enfocadas al bien común.
Por lo tanto, cualquier evaluación a realizar es la de la gobernanza: Hasta donde las principales autoridades son profesionales independientes, libres de conflictos de intereses y cuentan con procedimientos formales y mecanismos para reducir los riesgos derivados del prebendarismo político.
La evaluación de las empresas públicas debe realizarse desde un enfoque integral, que incorpore las dimensiones económicas, financieras y político-institucionales, a la luz de los objetivos centrados en el bien común.
Es necesario aprender de la experiencia internacional y tomar decisiones en función de la evidencia empírica, por encima de los intereses particulares y sobre todo teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo. En todos los países donde han funcionado bien, como en cualquier política pública, se requiere que sean dirigidas por personas honestas, con reglas de funcionamiento claras y transparentes y objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo. El buen funcionamiento del sistema judicial es condición indispensable.
