ALTO PARANÁ
Hernandarias se mueve, aunque a los tumbos. A raíz del retiro de las empresas privadas del servicio de transporte en los barrios, la Municipalidad tomó una decisión de habilitar furgonetas y otros vehículos alternativos como transporte público de emergencia.
La medida fue oficializada por la Resolución N° 74/2025, ratificada por la Junta Municipal, en respuesta a lo que las autoridades locales consideran un “incumplimiento grave” por parte de las empresas Chaco Boreal SRL, Ciudad de Hernandarias SRL y Hernandarias y Turismo SA, que dejaron sin servicio a miles de usuarios.
Las unidades, promovidas por la administración municipal como parte de un plan de modernización, comenzaron a operar en zonas barriales. La respuesta de las empresas tradicionales fue inmediata suspendiendo el servicio en los sectores más vulnerables de la ciudad.
Las compañías involucradas sostienen que el Municipio no tiene autorización legal para prestar un servicio regular. Aseguran que el permiso vigente solo permite circulación experimental, no operación comercial. Alegan, además, que la introducción de estos buses eléctricos no se ajusta a las normativas nacionales ni pasó por un proceso licitatorio transparente.
MARCO LEGAL. La semana pasada, durante sesión ordinaria de la Junta Municipal, representantes del sector privado insistieron en que no se oponen a la innovación ni a la gratuidad del servicio, sino a lo que consideran una violación del marco legal. Revelaron que su operatividad dentro del casco urbano se sostuvo durante años sin una ordenanza formal, bajo una suerte de “tolerancia administrativa”.
Para el presidente de la Junta Municipal, Celestino Báez, el argumento es insostenible. Afirmó que la Municipalidad cuenta con respaldo suficiente para operar los buses eléctricos, al menos dentro de su jurisdicción, y defendió la medida de habilitar furgonetas como una solución transitoria y necesaria.
En redes sociales, la crítica a los empresarios del transporte fue amplia. Recordaron que durante décadas soportaron servicios precarios, con unidades obsoletas y sin mejoras sustanciales. “Treinta años con buses destartalados y ahora se ofenden porque hay competencia”, escribió Jorge Benitez un usuario. Miguel Cardozo, otro usuario, lamentó que la falta de transporte impida a muchos llegar a tiempo al trabajo.
La resolución en cuestión tendrá vigencia por 60 días y podría ser prorrogada, si el conflicto persiste.
En ese plazo, se buscará formalizar los servicios alternativos, firmar convenios con operadores de emergencia y flexibilizar los requisitos para quienes deseen sumarse al esquema de transporte.
