La acción fue considerada por los esposos Zacarías como una persecución política, ya que es público el enfrentamiento que mantienen con el actual intendente, Miguel Prieto, quien asumió tras unas elecciones especiales realizadas luego de que Sandra McLeod fuera destituida del cargo por el Poder Legislativo, tras una intervención que encontró graves irregularidades en su administración.
La situación de la caseta construida en plena vereda constituía, sin embargo, una visible ocupación del espacio público, ya que tenía una dimensión de cuatro metros cuadrados y bloqueaba totalmente el paso de los peatones, quienes debían descender a la calzada para pasar por el lugar. En la práctica era una vivienda levantada irregularmente en plena vía pública, ya que contaba con camas, heladera, horno microondas, mesas, sillones y otros mobiliarios para el personal de seguridad.
La Municipalidad había notificado al senador Zacarías Irún que demuela la construcción en un plazo de 48 horas, ya que violaba disposiciones comunales. Al no recibir respuestas, se envió a un equipo de obreros municipales con una topadora a derribar la construcción y liberar el espacio público. A cambio, el propio intendente proveyó una casilla de vigilancia mucho más pequeña, con las medidas reglamentarias.
Demostrando que no se trataba de un hecho aislado, las notificaciones se extendieron a varios otros sitios en donde existen casetas y edificaciones en veredas, calles y plazas de la ciudad. La concejala municipal Lilian González de Aguinagalde, del Partido Colorado, es una de las que recibieron la notificación y rápidamente hizo demoler la caseta que se encontraba en la vereda frente a su residencia. Aunque la estructura no era tan grande como la del senador Zacarías, la disposición fue positivamente acatada. También un conocido supermercado esteño que mantiene una caseta de seguridad en la vereda y que utiliza una calle como área de estacionamiento recibió la notificación de despejar dichos espacios.
Lo ocurrido demuestra la posibilidad de recuperar espacios públicos que son arbitrariamente enajenados por personas particulares, instituciones estatales y locales comerciales en varias localidades, incluida la capital, Asunción, en donde los ciudadanos se encuentran cotidianamente con veredas bloqueadas por puestos de ventas, por vehículos estacionados y hasta por construcciones en áreas urbanas de mucho movimiento. La disposición de la Municipalidad de Ciudad del Este es un buen ejemplo que deberían tomar en cuenta las demás autoridades comunales del país.
Es hora de acabar con los privilegios y garantizar a la ciudadanía el libre acceso a los lugares que legítimamente le corresponden.
