La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) recordó a las autoridades nacionales la “gran deuda histórica” con los nativos que vivían pacíficamente a orillas del río Paraná y fueron reubicados, removidos o trasladados fuera de su voluntad a fin de construir las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.
Pidieron que se puedan resarcir los daños ocasionados a los pueblos Avá Guaraní Paranaense y Mbyá Guaraní con la activa participación de los afectados.
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Si bien la organización celebró la promulgación del protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, indicó que el desafío es la “aplicación efectiva” de dicho instrumento.
En el caso de la Itaipú, unos 60.000 indígenas en Paraguay y Brasil fueron desplazados de sus tierras para la construcción de la represa. Inclusive la comunidad Sauce actualmente ocupa una franja de un camino de tierra entre la reserva Limoy de la binacional y un sojal, por lo que se encuentra bajo amenaza de desalojo por parte de la hidroeléctrica.
Por otro lado, la FAPI repudió la falta de cumplimiento de las leyes por parte de los que realizan cultivos de renta y utilizan agrotóxicos sin contar con barreras vivas u otros mecanismos de protección. En el documento, señaló que los indígenas son los mejores aliados para la protección de los bosques, la lucha contra la deforestación y el cambio climático.
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“Desde nuestros territorios seguimos resistiendo, utilizando nuestros conocimientos y prácticas tradicionales, ante un sistema económico devorador de los recursos naturales, de nuestra propia cultura y espiritualidad”, expresó.
