Los ministros de Obras Públicas y de Hacienda, Ramón Jiménez Gaona y Santiago Peña, respectivamente, realizaron este lunes una conferencia de prensa para explicar la situación del proyecto para la reconstrucción, recapado y reciclado de 560 km de la ruta 9 Carlos Antonio López y accesos, más conocida como la Transchaco.
El Ministerio de Hacienda frenó todo el proceso porque generaría un déficit fiscal. La única oferta bajo la modalidad llave en mano la presentó la firma Mota-Engil por USD 596 millones.
“Queremos rescatar el valor de esta herramienta financiera y reafirmar el compromiso del Gobierno de dar prioridad a la reconstrucción de esta ruta que tiene un gran valor para la producción nacional y un valor geográfico fundamental al ser el acceso de todo tiempo al Pacífico”, expresó Jiménez Gaona.
Defendió la Ley 5074 al señalar que a través de ella se permite conocer en detalle el precio final de la obra, atendiendo que la herramienta no permite ningún tipo de reajuste en el precio. También el Estado comenzará a abonar su deuda una vez concluida la obra.
“Mucho se habló que es un financiamiento más caro al ser del sector privado, pero desde el inicio sabíamos que al ser de una fuente privada iba a tener un costo mayor, pero en contrapartida se iba a recibir una obra con mayor celeridad”, expresó.
Sin embargo, Santiago Peña explicó los motivos que llevaron a frenar esa adjudicación al tiempo de señalar que no fue una decisión fácil que tuvo como base el debate político económico. También reconoció que la reconstrucción de esa arteria es fundamental para el desarrollo del país.
“Nosotros no estamos rechazando el proyecto, solo no estamos aceptando la oferta. Esta decisión implica tener discusiones más amplias porque llevaría al fisco a estar por encima de lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal”, refirió.
Dijo que con esto se envía un mensaje a la clase política de instalar un debate más profundo sobre las necesidades del país.
El ministro de Hacienda dijo que la oferta era relativamente más alta en comparación con otras fuentes de financiamiento como la emisión de bonos soberanos que, justamente, fue recordado por la Cámara de Senadores en el proyecto del Presupuesto General de Gastos 2017.
“Otro elemento es que la aceptación de este proyecto iría por encima de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal”, dijo. Esa normativa establece que el déficit fiscal no puede estar por encima del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las autoridades del Ejecutivo ahora analizan establecer contactos de manera inmediata con bancos multilaterales en busca de financiamiento para luego plantear al Congreso.
