Por una mayoría de 21 votos en contra, 11 a favor y tres abstenciones, los senadores resolvieron negar en sesión extraordinaria el pedido de pérdida de investidura de Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), presentado por la bancada cartista.
En la nota presentada el pasado lunes, los proyectistas refieren que en junio de 2014 la fiscala de Delitos Económicos, Victoria Acuña, imputó al senador Salyn Buzarquis por los cargos de delitos contra el patrimonio y contra la seguridad y convivencia de las personas.
Además, el mismo fue procesado por lesión de confianza por hechos cometidos cuando estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El legislador había sido denunciado por el ex ministro Ramón Jiménez Gaona por supuestas irregularidades en una contratación directa para consultoría internacional, con un aparente perjuicio de USD 500.000 para el MOPC y otros USD 100.000 para Yacyretá.
El escrito añade que, además, es autor confeso de un delito, ya que el senador Salyn Buzarquis admitió haber falsificado un reposo médico para zafar del juicio oral. Por ello, consideraron que el hecho puede ser catalogado como tráfico de influencias.
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Este pedido fue presentado por los senadores colorados Lilian Samaniego, Antonio Barrios, Enrique Riera, Enrique Bacchetta y Sergio Godoy; los patriaqueridistas: Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen; y del Partidos Hagamos: Gilberto Tony Apuril y Patrick Kemper.
Sin embargo, las bancadas de Patria Querida y Hagamos cambiaron de postura poco después de la convocatoria. La nota trascendió el mismo día en que la Cámara Alta expulsó al senador Víctor Bogado.
¿Una revancha?
Durante el debate, Enrique Riera hizo mención a la pérdida de investidura de Bogado el pasado lunes. Alegó que existían los presupuestos necesarios para la expulsión de Buzarquis, dado que incluso había aceptado los hechos frente a un juez.
“La verdad es que cuando le toca a los colorados (la pérdida de investidura) somos más duros y democráticos y cuando le toca a la oposición se abroquelan y le protegen”, expresó además.
De igual forma, el senador Enrique Bacchetta reforzó estos argumentos y puso de ejemplo la expulsión de Oscar González Daher, en el 2017, utilizando “audios no autorizados judicialmente”.
Por otra parte, Víctor Ríos (PLRA) sostuvo que Buzarquis tiene una suspensión condicional del procedimiento; por ende, no se puede hablar de condena.
El liberal alegó que “la admisión del hecho no significa admisión de la culpa”. Explicó que para ser beneficiado con esta medida existe un proceso penal abreviado que requiere la aceptación de hecho.
“Sobreseer es igual a absolución, solo que se da en tiempos diferentes del proceso penal. No se puede dar, ni por asomo, los presupuestos para la pérdida de investidura porque está infundado”, refirió.
Mientras que Georgia Arrúa (Patria Querida), quien en principio firmó el proyecto, manifestó que se dieron una serie de circunstancias que no se adecuan a lo expuesto en la propuesta.
A la par, alegó que la pérdida de investidura no aplica debido a que los hechos se sucedieron antes de su ingreso al Congreso.
“Tenemos que ser claros con las cosas que buscamos. La cuestión es que no podemos abrir una cacería de brujas y nosotros ser vehículos de vendettas”, subrayó.
