En el evento se leyó una carta abierta al pueblo paraguayo, firmada por las organizaciones convocantes, en la cual se detallan los argumentos. El escrito señala que el acuerdo alcanzado por Peña representa una violación flagrante del Tratado de Itaipú y de la Constitución Nacional. Según los manifestantes, Paraguay pudo haber recibido hasta quince veces más de lo acordado por el jefe de Estado. Esta situación, indican, es un “claro retroceso” en relación a acuerdos anteriores, como el Acta de Foz de Yguazú (1966) y el Acuerdo Lugo-Lula (2009).
El principal punto de controversia radica en la tarifa fijada en el nuevo acuerdo, que es de 19,28 dólares por kW-mes, más del doble del costo del servicio, que debería ser 8,87 dólares por kW-mes tras la cancelación de la deuda en 2023. Este aumento tarifario, según el análisis realizado, derivará en un sobrante neto real de solo 114 millones de dólares anuales (menor a los 1.250 millones de dólares anunciados por el Gobierno), que encima se manejarán de forma discrecional sin pasar por el presupuesto general de la nación, lo cual es visto como una forma de corrupción y mala administración.
daño. Las organizaciones enfatizan que el acuerdo es perjudicial para la economía nacional. Argumentan que, de haberse respetado el costo del servicio, Paraguay no solo habría asegurado una energía barata para sus ciudadanos y la ampliación de su infraestructura, sino que también podría haber exportado el excedente a precios de mercado, generando un ingreso adicional de 1.879 millones de dólares anuales. Los participantes marcharon hacia la Cancillería y seguirán con movilizaciones.
Entre las organizaciones presentes estuvieron Itaipú Causa Nacional, Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurã, Frente Amplio, País Solidario, Paraguay Tekopyahu, Sociedad y Desarrollo, Iguales-Soberanía Partido Revolucionario Febrerista, Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, Asociación de Asegurados del IPS, entre otros.
